El Gobierno usa la Ley de Vivienda para captar votos: la aprobará en 9 días tras más de un año paralizada

Pedro Sánchez está en plena campaña electoral y no para de hacer promesas relacionadas con la vivienda. La semana pasada anunció a bombo y platillo el acuerdo sobre la Ley de Vivienda, que aprobará en nueve días mientras que la normativa ha estado paralizada más de un año paralizada.

En concreto, el Consejo de Ministros aprobó en abril del año pasado la remisión a las Cortes del proyecto de la Ley de Vivienda, para su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia; mientras que el texto fue presentado a finales de octubre de 2021. Sin embargo, el Gobierno ha esperado a estar cerca de las elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo, para poder hacer campaña con esta ley.

Este martes, la ponencia de la Ley sobre el Derecho a la Vivienda ha dado luz verde a su informe con la incorporación de 41 enmiendas pactadas por el PSOE con Podemos, ERC y Bildu. Tras ello, el texto se aprobará en la Comisión de Transportes este mismo jueves y en el pleno del Congreso la semana que viene. Por lo tanto, se contabilizan nueves días de tramitación de la norma, cuando lo habitual es que esta gestión sea de varias semanas o incluso meses.

El calendario se ha acordado este martes en una reunión de la Mesa y portavoces de la ponencia en la que los grupos de la oposición han manifestado su rechazo a las prisas del PSOE, Podemos y sus socios parlamentarios.

Nuevo acuerdo

El viernes pasado el Gobierno cerró un acuerdo con EH Bildu y ERC para sacar adelante la nueva Ley de Vivienda, que intervendrá y controlará el mercado del alquiler topando la subida de los precios.

La normativa limitará la subida del precio del alquiler un 2% durante 2023 (medida en vigor desde abril del año pasado); mientras que en 2024 el tope a la subida será del 3%, independientemente del tamaño del tenedor. Y a partir de 2025, se aplicará un nuevo índice, que tiene que crear el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Otra de las claves de la Ley de Vivienda es que rebaja la definición de gran tenedor de diez a cinco inmuebles. De esta forma, los propietarios que tengan cinco o más inmuebles en un área tensionada se considerarán grandes tenedores y, por tanto, se les aplicarán unas medidas específicas.

La ley permite que las comunidades autónomas regulen todos los alquileres en las zonas tensionadas, no sólo los de los grandes tenedores. La normativa establece que serán consideradas áreas tensionadas aquellas zonas donde la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada.

La Ley de Vivienda establece que los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario. Asimismo, prohíbe los desahucios sin fecha y hora predeterminada. También se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de dos años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables.