La lucha de clases llega a las carreteras: el Gobierno pretende cobrar su uso en función de la renta

El Gobierno quiere llevar su obsesión por la lucha de clases y los impuestos a «los ricos» al pago por el uso de las carreteras que entrará en vigor en 2024. La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, ha planteado la posibilidad de crear un sistema progresivo, en el que se tenga en cuenta la capacidad económica de cada usuario, de cara a la implementación de los peajes en todas las autovías del país.

El cobro por el uso de las carreteras viene impuesto por la Comisión Europea como condición para la entrega de los fondos europeos, y el Gobierno lo ha incluido en el plan presupuestario enviado a Bruselas. Durante su participación en una comisión del Congreso de los Diputados para explicar los Presupuestos Generales del Estado de 2023, Pardo de Vera ha admitido que el actual modelo de financiación de carreteras es «insostenible». Los datos apuntan a un déficit de 9.000 millones de euros.

«Es un modelo insostenible. Si hubiese un pacto, que lo tendría que haber más allá de los tiempos políticos, este tema estaría solucionado, pero todos los gobiernos le dando una patada hacia delante y no han hecho nada. Esto es no moverse para que nadie salga en la foto y salgan las garras, pero yo no concibo el Congreso como una selva», ha manifestado.

Posteriormente, ha explicado que su departamento hubiese preferido diseñar la gratuidad del transporte público, que ya se aplica desde septiembre a los Cercanías y Media Distancia, desde un punto de vista de progresividad fiscal, ya que hay viajeros recurrentes de tren que pueden permitirse pagarse el billete y otros que no.

Sin embargo, la especial coyuntura ha provocado que esta decisión se haya tenido que tomar de forma rápida y hacer gratuitos los viajes de forma generalizada, sin tener en cuenta la renta de cada persona. Pardo de Vera ha vinculado esta progresividad a la implementación de los peajes de las autovías diciendo que «hay que tomar estas medidas desde un punto de vista progresivo». En cualquier caso, ha insistido en que se presentará un modelo cuando haya un consenso político sobre un tema que cree se debe abordar «con criterios de vertebración territorial, igualdad y seguridad».

En los PGE del próximo año, la secretaria de Estado ha recordado que se destinarán cerca de 2.700 millones de euros a mantener y ampliar la red de carreteras del Estado, casi un 9% más que hace un año, con especial énfasis en la conservación de las carreteras. «Tenemos la obligación de planificar un sistema que permita la financiación del sistema y que no decaiga en función de los ciclos políticos y económicos y permita cubrir los costes de mantenimiento, integrar las externalidades negativas del transporte por carretera y modernizar toda la red y su explotación hacia un futuro eléctrico», ha concluido.