Los agricultores no dan crédito: el Gobierno les ignora y dice que son víctimas del «cambio climático»
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La secretaria general de Innovación del Gobierno de España, Teresa Riesgo, ha afirmado en un encuentro con periodistas que los agricultores se quejan de que «el cambio climático marca» sus vidas. «Esto se lo oímos todos los días a la gente del campo», ha asegurado la responsable. Es decir, que el mayor problema de los productores es el cambio climático, no la multitud de políticas en contra que sufren agricultores y ganaderos.
El sector agrario mantiene que sus principales reivindicaciones son otras que tienen más que ver con que las autoridades, tanto nacionales y europeas, comiencen a legislar teniendo en cuenta sus opiniones y necesidades.
Riesgo, como secretaria General de Innovación, es un cargo del Gobierno perteneciente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por la socialista Diana Morant. Según esta política, lo que el Ejecutivo oye «todos los días» entre los agricultores es una preocupación por los efectos del cambio climático.
No obstante, José María Castilla, responsable de la oficina de Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) en Bruselas, mantiene otra opinión: «Nosotros no estamos en contra del pacto verde europeo. Sin embargo, sí nos oponemos a cómo están llevando a cabo ese cambio con leyes como la de la restauración de la naturaleza».
Además, el representante asegura que lo que piden los trabajadores del campo es «diálogo» con las administraciones, que escuchen sus problemas y reivindicaciones a la hora de legislar.
«Vivimos en un tiempo en el que el cambio climático está marcando ya nuestras vidas. Tenemos que estar adaptados para tener sostenibilidad», declaró Riesgo. Los agricultores no se oponen a esta afirmación, pero insisten en que esa sostenibilidad tiene que venir de la mano de la economía y teniendo en cuenta el contexto social actual para que ningún productor del sector primario se quede atrás.
De hecho, las reivindicaciones del sector agroalimentario de las últimas movilizaciones nada tienen que ver con el clima. El pasado lunes, los agricultores españoles se asociaron con los franceses para cortar la frontera entre Francia y España.
Los principales motivos que llevaron a esta movilización fueron las conocidas como cláusulas espejo y las reivindicaciones para pedir una «mayor seguridad alimentaria» frente a las importaciones de productos de otros países que no cumplen con los mismos procedimientos que los de la Unión Europea.
Estos manifestantes consideran que los políticos no han tomado medidas serias para acabar con los problemas de su sector: «Ante la demostrada inmovilidad de los gobiernos autonómicos, estatales y europeos desde el comienzo de las movilizaciones y su falta de compromiso, implicación y medidas concretas».
En definitiva, los agricultores han puesto el foco de forma continua en sus protestas sobre las medidas políticas -o sobre la falta de ellas- y no sobre el cambio climático. Para ellos, el Gobierno de España y el Parlamento europeo resultante de las elecciones de este domingo deben comenzar a moverse para subsanar la gestión que se ha mantenido hasta la actualidad.
Reivindicaciones
Entre las principales reivindicaciones del sector agrario destacan la política hidráulica con infraestructuras «que garanticen el agua con carácter de urgencia»; la simplificación real de la PAC con la eliminación del cuaderno digital; la eliminación de eco-esquemas por modificación e incremento del presupuesto y la subida del IVA compensatorio de los productos agrarios al 21%.
Los productores agrarios también reclaman ayudas directas para afrontar la sequía que realmente estén en consonancia con los costes de producción actuales; la implementación de cláusulas espejo -«los productos extracomunitarios sólo deben entrar con los mismos requisitos que nos exigen a nosotros»-; y el no a como se está implementando la Ley de la Cadena Alimentaria.
Por otro lado, los trabajadores del campo han insistido en la derogación de la Ley animalista y de bienestar animal; en el estudio profundo del problema laboral del mundo rural, tanto en lo referido a mano de obra como en las cargas sociales; en medidas reales de apoyo al relevo generacional; y en la revisión y modificación de la ley de restauración de la naturaleza y agenda 2030.
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