El Gobierno insiste en aprobar la ‘tasa Google’ pese al portazo de la UE a aprobar ya la reforma

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha asegurado este miércoles que el Gobierno aprobará «en las próximas semanas» el proyecto de ley para la creación del nuevo impuesto a los servicios digitales, conocido como ‘tasa Google’, para su posterior remisión a las Cortes, a pesar de que «no hay acuerdo a nivel europeo ni global».

Así lo ha señalado Calviño durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, después de la celebración del Ecofin en el que ha quedado diluido el nuevo gravamen ante las reticencias de un grupo de países (Irlanda, Finlandia, Suecia y Dinamarca) y la propuesta de un tributo menos ambicioso por parte de Francia y Alemania.

Calviño ha explicado que en el transcurso del Ecofin celebrado esta semana se ha discutido sobre el impuesto a los servicios digitales y se ha constatado que «no hay acuerdo a nivel europeo ni a nivel global», aunque sería «deseable» que hubiese una «aproximación coherente» a un fenómeno global por el que las empresas no pagan por su valor añadido en cada una de las jurisdicciones donde operan.

En cualquier caso, ha indicado que ha trasladado a sus ‘colegas’ europeos que España tiene la intención «importante» de establecer el impuesto a determinados servicios digitales, con base en la propuesta inicial de la UE.

Por ello, ha asegurado que «en las próximas semanas» se va a adoptar en el Consejo de Ministros el proyecto de ley de creación del impuesto a los servicios digitales, que posteriormente irá a las Cortes para su tramitación.

El nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.

En detalle, el nuevo tributo gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. Con él, el Gobierno espera recaudar 1.200 millones de euros.