El Gobierno calca medidas propuestas por PP y Ciudadanos en su plan contra el fraude fiscal

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que incluye la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo para determinadas actividades económicas entre profesionales y empresas. No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez ha calcado esta medida de la derecha, que ya propuso el exministro del Partido Popular, Cristóbal Montoro, en el año 2016 y que más tarde Ciudadanos plasmó en su programa electoral de 2019.

Así lo ha anunciado este martes la portavoz del Gobierno socialcomunista y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha calcado las medidas propuestas por Partido Popular y Ciudadanos.

Hace cuatro años, Montoro anunció que el Gobierno de Mariano Rajoy estudiaba nuevas medidas para la luchar contra el fraude fiscal con el objetivo de incrementar la recaudación de las arcas del Estado. Desde noviembre de 2012, en España no está permitido pagar más de 2.500 euros en efectivo, aunque esta prohibición sólo se aplica sobre las operaciones comerciales en las que interviene una empresa, un comercio o un autónomo.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda pidieron limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros y que las facturas que se abonen por encima de esta cantidad, contraviniendo dicha limitación, no se puedan deducir en la declaración del IRPF o en el Impuesto de Sociedades. El PP abre la puerta a reducir este límite y ampliar las posibles restricciones para el uso de dinero en metálico, en línea con lo acontecido en otros países europeos. No obstante, esta medida no se llego a aplicar.

Programa electoral de Ciudadanos

El PP no fue el único que propuso llevar a cabo esta ley en contra el fraude fiscal. Ciudadanos también propuso en su programa electoral de 2019 restringir el pago en pago en efectivo a las empresas a 1.000 euros  y mantener el límite de 2.500 euros en los pagos realizados por particulares, así como garantizar el derecho de los consumidores a pagar cualquier bien o servicio con tarjeta de crédito, limitando las comisiones.

Además, proponían reformar «con urgencia» el delito fiscal haciendo cumplir las sentencias y endureciendo las penas y limitarán los supuestos en los que se pueda rebajar la pena del delito mediante el pago, incide el programa, que también promete revisar la lista de paraísos fiscales para volver a incluir aquellos Estados que no cooperan con España.

Una norma calcada de la derecha

Montero ha destacado que con el proyecto de la ley, calcado de las propuestas de la derecha, se pretende luchar contra el fraude fiscal, una actividad que genera «competitividad desleal» entre áreas de actividad económica y el deterioro de la recaudación para blindar los servicios públicos, e instaurar la «tolerancia cero» contra cualquier práctica fraudulenta, ya que las prácticas irregulares suponen un «agravio» para los contribuyentes cumplidores y restan recursos al Estado de bienestar.

La nueva norma, ha resaltado, intensifica la labor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que el año pasado recaudó 15.715 millones en lucha contra el fraude fiscal, un 4,1%, e incluye medidas como la prohibición del denominado software de doble uso utilizado por grandes compañías para hacer una doble contabilidad con programas informáticos que permiten su manipulación.

También incluye la prevención del fraude y el control de las criptomonedas y la limitación del pago en efectivo para determinadas actividades económicas, reduciéndose de los 2.500 euros actuales a los 1.000 euros entre profesionales y empresarios, mientras que permanece en 2.500 euros para particulares, aunque el objetivo es «ir disminuyendo cuantías» para combatir la economía sumergida. A su vez, se recorta de 15.000 euros a 10.000 euros el límite para particulares con domicilio fiscal en el exterior.