El Gobierno aprueba una engañosa subida de las pensiones que resta 500 euros a los jubilados

El Consejo de Ministros aprueba este martes el Real Decreto por el que las pensiones contributivas subirán para este año un 2,5% y las mínimas y no contributivas, un 3%, de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado para 2022 y la primera parte de la reforma de las pensiones, que está en vigor desde el 1 de enero. Sin embargo, el mecanismo no indexa las prestaciones a la inflación de noviembre, sino que vincula las pensiones al IPC medio entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021. Con ello, el Gobierno se ahorra 4.800 millones de euros y cada pensionista pierde 500 euros por la diferencia entre la subida los precios y el alza de la prestación.

Es decir, la nueva forma de calcular la revalorización de las pensiones limita el aumento al 2,5%, si bien el coste de la vida ha crecido un 5,6%, por lo que el mecanismo obvia el hecho de que la inflación en España se encuentra en máximos de 30 años. Este es el mismo porcentaje que empleará para calcular la “paguilla” con la que el Gobierno compensará a los pensionistas por la diferencia entre las previsiones de inflación realizadas a finales de 2020 y el IPC de 2021.

El IPC acumulado o interanual refleja realmente cuánto ha aumentado el coste de la vida, pero el pacto de las pensiones entre el Gobierno, los dos grandes sindicatos y la patronal optó por referenciarlo al IPC medio anual en los 12 meses previos. El resultado es que se perderá poder adquisitivo. En cifras reales, para un pensionista que cobra alrededor de 700 euros al mes, la pérdida anual será de 294 euros y para uno que cobra 1.700 euros, la pérdida anual será de 714 euros.

La situación puede ser especialmente acuciante para aquellos jubilados que viven en el umbral de la pobreza, con pensiones mínimas de unos 500 euros al mes, y pasan penurias económicas para hacer frente a una factura de la luz cada vez más cara.

En cualquier caso, en opinión de Francisco Utrera, profesor del Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, ajustar a la inflación las pensiones es un error. «Hay una valoración social de que por cuestiones de mantenimiento del poder adquisitivo hay que empezar a actualizar rentas. Si hacemos eso, cometeremos un gravísimo error económico, que parece paliar el problema de este año, pero nos llevaría a que el problema perdure años», sostiene.

Utrera considera que lo correcto sería aplicar un factor de estabilidad, como se hizo en su momento con el Gobierno del Partido Popular, que se maneja de acuerdo con la inflación en parte, pero que no pierde de vista el equilibrio del sistema de la Seguridad Social.

«La caja de la Seguridad Social no es una caja tonta e ilimitada, sino que es fruto de aportaciones en forma de cotizaciones y por otro lado pago de prestaciones. Si esto se desequilibra, que es lo que ocurre en España, es un anticipo de graves problemas en el futuro», advierte.

«La actualización de las pensiones no debe enfocarse con valoraciones de justicia o injusticia sino que debe de tomar en cuenta lo que es la Seguridad Social y el espíritu de permanencia a largo plazo», resume.