El Gobierno insta a Cataluña a retirar el impuesto ilegal a los comercios

El Gobierno está quemando todas las naves posibles para hacer comprender a los ejecutivos autonómicos de Cataluña, Asturias y Aragón que su ofensiva tributaria contra los grandes distribuidores comerciales ha cruzado todas las líneas rojas. Ya no sólo se trata de que el impuesto específico que grava su actividad sea lesivo para la economía regional (tanto para las empresas, como para trabajadores y consumidores), sino que es considerado por Bruselas una ayuda estatal a los pequeños comercios. Tras las amenazas de sanciones por parte de las autoridades comunitarias Navarra, La Rioja y Canarias dieron marcha atrás, pero las comunidades díscolas no tienen ninguna intención, de momento, de eliminar este tributo de sus sistemas fiscales.

Según ha podido saber Ok diario, la secretaría de Estado de Comercio -dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad- está intentando que Cataluña, Asturias y Canarias entren en razón. Las mayores complicaciones se están produciendo, como ya es tradición, con el gobierno de la Generalitat, que en ningún caso va a adoptar ninguna medida que le haga ceder ni un metro de terreno en materia de competencias.

Además, cualquier sanción que pusiera Bruselas sería avalada (y pagada) en última instancia por el Gobierno Central, ya que la comunidad autónoma catalana está en práctica suspensión de pagos, y solo sobrevive con las inyecciones de dinero del Fondo de Liquidez Autonómico.

La Asociación Nacional de Grandes Distribuidores (Anged) -que engloba a cadenas como Carrefour, El Corte Inglés, Alcampo o Ikea, entre otras- espera la retirada de este tipo de impuestos dedicados a castigar exclusivamente al sector. Su presidente, Alfonso Merry del Val, considera que “todas las restricciones legales a los grandes formatos comerciales que siguen aprobando los responsables públicos con la finalidad de erigirse en protectores del pequeño comercio, son medidas huecas, cómodas y baratas desde el punto de vista de la gestión política, pero inútiles a la hora de alcanzar sus objetivos”.

Para el responsable de Anged, “estas políticas se inspiran en una era analógica, de hace 30 años, cuando se pensaba que el comercio era una especie de vasos comunicantes en donde las restricciones a los grandes establecimientos ayudaban a recuperar las ventas del pequeño comerciante. Pero basta con ver nuestras calles para comprobar el profundo error de estos análisis simplistas. ¿Cómo vamos a impedir que los ciudadanos compren cualquier producto, a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo?”.

Liberalización, asignatura pendiente

En todo caso queda mucho camino por recorrer en materia liberalizadora. El caso de los horarios comerciales es un buen ejemplo de como los gobernantes ponen palos en la rueda del crecimiento económico, perjudicando a empresas y consumidores. Sólo la Comunidad de Madrid tiene libertad plena de horarios y resulta difícil de entender que un país como España, uno de los principales mercados turísticos mundiales, impida a los comerciantes poder atender sin restricciones a los casi 70 millones de visitantes que llegan cada año.

Países como Portugal y Reino Unido se han dado cuenta de la imposibilidad de ponerle puertas al campo y han liberalizado los horarios, empezando a recoger sus frutos, tanto en términos de empleo como de crecimiento económico.

El sector de la gran distribución comercial está saliendo del pozo de la crisis debido al repunte del consumo. En 2014 las ventas de las empresas integradas en ande crecieron un 1,6% tras siete años de caídas, facilitando la creación de 6.200 empleos con una inversión de 1.260 millones y la apertura de 140 establecimientos.

Más allá de las sanciones que pueda imponer Bruselas, los gobiernos autónomicos deben asumir su responsabilidad y no castigar a un sector que está tirando de la economía. Y la vuelta a las restricciones de horarios comerciales, las moratorias para nuevas inversiones o los impuestos que algunas comunidades y ayuntamientos anuncian «son medidas estériles que sólo contribuyen a frenar al sector», tal como señala la patronal.