La Generalitat usa el dinero de Montoro para fichar 500 empleados más para su Hacienda independentista

El ‘procés’ no se detiene. O eso intentó demostrar la Generalitat el pasado martes anunciando el gasto de 48,5 millones de euros con el fin de fortalecer la agencia tributaria propia, un instrumento considerado esencial a la hora de construir un país independiente.

Y para ello, Oriol Junqueras ha previsto que la plantilla de la agencia tributaria catalana se multiplique por seis. Tal y como se refleja en los Presupuestos recién presentados, al cierre de 2016 el número de plazas alcanzará las 600 frente al centenar del que disponen en la actualidad. Y eso lo podrá hacer gracias a los dineros que les presta el Fondo de Liquidez Autonómico a un tipo de interés cero.

Sin embargo, esas 600 plazas se antojan harto insuficientes para poder organizar una agencia tributaria con plenos poderes. No en vano, el propio informe que encargó la Generalitat para poder elaborar una hacienda propia admitía que se precisaban unos 7.000 u 8.000 empleados. En estos momentos, la Agencia Tributaria de España cuenta con unos 3.000 funcionarios ubicados en Cataluña.

La Generalitat ya trató de captar personal de la Agencia Tributaria española residente en Cataluña. Incluso les ofrecieron salarios y condiciones mucho mejores. Pero el ridículo fue de unas dimensiones extraordinarias. Tan sólo lograron atraer a una escasa decena procedentes del Estado central.

Para colmo, el ideólogo de la construcción de la hacienda propia abandonó al poco el barco en medio de un gran revuelo. De poco le importó su salario cienmileurista. El director del Programa de definición del Modelo de Administración Tributaria de Cataluña, Joan Iglesias, regresó no hace mucho a su puesto en la Agencia Tributaria española. Otro fiasco más que se apuntaron los soberanistas.

En realidad, los 48,5 millones de euros comprometidos en los presupuestos dan para poco. El mismo informe de la Generalitat sostiene que se necesitarían unos 400 millones de euros. Y eso sería con un cálculo a la baja y consiguiendo una eficiencia recaudatoria de las más elevadas del mundo. Con una eficiencia media, cualquier país de unas características parecidas a las de Cataluña gastaría 600 o 700 millones de euros según los estándares de la OCDE. A modo de ejemplo, España desembolsa unos 1.200 millones de euros al año, y es una de las agencias más baratas de Europa por estar muy informatizada.

La partida destinada a la agencia tributaria catalana se eleva un 35%, lo cual en principio sólo permitirá que se desarrollen unas competencias que son propias de la Generalitat y que servirían de muy poco en el supuesto de la independencia.

Según explican diversas fuentes, Junqueras únicamente va a reclamar para sí la gestión de sus impuestos. Por un lado, la comprobación de las declaraciones de patrimonio. Y por otro, la recaudación ejecutiva de sus impuestos, a saber, sucesiones, donaciones patrimonio y poco más. Se trata de algo que ya hacen otras comunidades como Madrid y que en ningún caso tendría el músculo suficiente como para financiar el tránsito hacia la soberanía. «No se puede evitar que hagan uso de su autonomía», responden distintas voces del Gobierno central.

La Generalitat incluso podría pedir a los ciudadanos o empresas que así lo deseen que tributen a través de la agencia tributaria catalana. Sin embargo, eso ya ha sido un fracaso. Muy pocos lo han hecho. En parte, porque el Ministerio de Hacienda ya ha advertido que si la agencia tributaria catalana no ingresa el dinero en las arcas del Estado central, entonces el contribuyente sería el responsable y el Fisco del Estado central cargaría contra el cliente y no contra la Agencia catalana. Y así, ¿quién se arriesgaría a eso?, máxime cuando los poderes para embargar en todo el territorio español se encuentran en manos de la Agencia Tributaria de España.