Gas Natural Fenosa contraataca y decide llevar al Gobierno de Colombia a los tribunales

Gas Natural Fenosa ha decidido reaccionar a la amenaza de expropiación de su filial en Colombia presentando una demanda contra el Gobierno del país latinoamericano por incumplimiento de contrato. La empresa española, propietaria del 85% de Electricaribe, manifiesta que está comprometida con el desarrollo de Colombia y niega las acusaciones del Ejecutivo que lidera Juan Manuel Santos, que afirma que la compañía es responsable de la falta de mantenimiento de las infraestructuras que está provocando apagones y mala calidad del suministro eléctrico.

Según ha podido saber OKDIARIO, el equipo jurídico de Gas Natural Fenosa considera que la legislación y las tarifas aplicadas por el Gobierno son las causas que de verdad explican que haya empeorado el servicio eléctrico prestado por su filial. Es decir que las deudas y pérdidas acumuladas por la empresa son responsabilidad directa del Ejecutivo colombiano. El ex ministro de Minas y actual director de la Federación Nacional del Departamento de Colombia, Amylkar Acosta confirma que la demanda está en marcha y que es “una respuesta a la exigencia del presidente Santos de que capitalizara Electricaribe, para que esta empresa pueda cumplir sus compromisos de inversión” en la costa caribeña de Colombia.

Acosta se refiere a la obligación que tiene la empresa de invertir 630 millones de euros para garantizar el suministro eléctrico bajo la amenaza de expropiación. Según las fuentes del sector consultadas por este diario este desembolso supondría la quiebra para una compañía que ya pasa por una delicada situación financiera. En la actualidad Electricaribe aporta 258 millones de euros anuales al resultado bruto de explotación (Ebitda) de Gas Natural Fenosa, por lo que una expropiación tendría un notable impacto en las cuentas del grupo.

La demanda contra el Gobierno se interpone a pesar de que Electricaribe se comprometió el pasado mayo a compensar a los afectados por los apagones, lo que implica que la empresa se considera responsable, al menos en parte, de los perjuicios ocasionados. El anuncio se produjo después de que los altercados provocados por el corte de suministro en el Distrito de Barranquilla y el municipio de Soledad, un problema de orden público que se saldó con dos fallecidos.

En medio de esta crisis el superintendente de Servicios Públicos de Colombia, José Miguel Mendoza, ha intentado tranquilizar a los ciudadanos asegurando que el Gobiernos está adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la calidad del suministro. Respecto a la posible expropiación de Electricaribe al grupo español, Mendoza ha admitido que está analizando “todas las opciones disponibles para poder tomar una decisión rápida que ponga fin a este problema que viene desde hace tantos años”.

Según la encuesta reciente sobre Calidad de vida realizada en el Distrito de Barranquilla, la satisfacción por el servicio de electricidad prestado por Electricaribe ha caído al 40%, desde el 77% contabilizado en el año 2009. El promedio de horas de cortes de energía en los hogares en la región Caribe se ha elevado hasta las 90 horas anuales doblando el promedio nacional. Una de cada cuatro reclamaciones que se hacen en Colombia sobre calidad del suministro eléctrico es contra la filial de Gas Natural Fenosa.

“Lo peor está por venir y si no nos avispamos los siete departamentos de la región Caribe están ante el riesgo inminente de un apagón general. Y no es para menos, la deuda de Electricaribe con los bancos se aproxima a los 2 billones de pesos y el vencimiento de la misma se concentra, en más de un 70%, en los años 2016 y 2017. La empresa puede estar en agosto ante la imposibilidad de servir su deuda y, ante el impago de la misma, no va a poder seguir jineteando con la banca, esta podría bloquear los créditos a la empresa y esta a su vez se quedaría sin con qué pagar la factura de la energía que compra. Si se llega a materializarse, inmediatamente XM, que es el operador del sistema, procedería a ordenar la limitación de suministro y los generadores, que son sus acreedores, podrían hacer efectivas las garantías”, indica Amylkar Acosta en un escrito enviado al Parlamento colombiano.