Francia imputa a Volkswagen por ocultar la contaminación en los motores diésel

La Justicia francesa ha imputado al grupo Volkswagen, como también lo ha hecho con Renault, por la presunta utilización de dispositivos que ocultaban la dimensión real de las emisiones de partículas contaminantes de motores diésel en condiciones normales de utilización.

En una declaración divulgada este miércoles, Volkswagen reconoció su imputación, y precisó que va acompañada del pago de 10 millones de euros en concepto de fianza y de una garantía de 60 millones de euros para atender a eventuales responsabilidades. El gigante alemán del automóvil insistió en que considera que los consumidores franceses «no sufrieron ningún perjuicio» susceptible de ser indemnizado al comprar un vehículo Volkswagen.

También avanzó que utilizará «todos los medios de acción disponibles» para contestar las acusaciones de la Justicia francesa, además de recordar la presunción de inocencia que tiene que ampararle durante todo el procedimiento judicial por la presunta utilización de dispositivos que ocultaban la dimensión real de las emisiones de partículas contaminantes de motores diésel.

Según el análisis de la empresa, su inculpación en Francia es consecuencia de la decisión sobre ese asunto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado mes de diciembre.

Una multa de 1.000 millones en Alemania

Volkswagen recordó igualmente que en Alemania el proceso en su contra por esos mismos hechos se cerró en 2018 con el pago de una multa de 1.000 millones de euros. Sobre todo, hizo notar que en esa sanción también estaban incluidos los coches que había vendido en Francia. Por eso estima que habría que descartar la posibilidad de una doble condena en Francia.

El conocido como el escándalo del «dieselgate» estalló en Estados Unidos, donde las autoridades encargadas del control de la contaminación se dieron cuenta de que Volkswagen había instalado programas para encubrir la contaminación de sus motores diésel en condiciones reales de conducción.

En concreto, esos dispositivos detectaban el protocolo de pruebas y los motores en ese caso trabajaban a un ritmo que permitía limitar las emisiones de partículas. Sin embargo, en condiciones normales de circulación, las emisiones se disparaban.

Eso le ha costado al grupo alemán unos 30.000 millones de euros en sanciones en diferentes países, sobre todo en Estados Unidos, donde en 2015 reconoció haber equipado a millones de sus vehículos diésel con ese programa fraudulento.