Los créditos ICO para pagar el alquiler llegan sólo a 7.443 familias en apuros, ni el 2% del objetivo
El Gobierno ha fracasado con los créditos del ICO destinados a pagar el alquiler. Sólo ha financiado 7.443 préstamos desde que comenzó la crisis del coronavirus, lo que representa el 1,6% del total de las 450.000 potenciales familias en situación de vulnerabilidad económica a las que esperaba llegar el Ejecutivo. La línea de avales para el alquiler está dotada con 1.200 millones de euros, de los cuales se han consumido una mínima parte.
El Gobierno aprobó los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para pagar la renta en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la Covid-19. Sin embargo, la medida tardó un mes en ver la luz y otro tanto en ponerse en marcha. Además, varias entidades bancarias retrasaron su adhesión al convenio por problemas en la preparación y por falta definición de las condiciones. ¿A qué se debe el fracaso de los créditos? Los propietarios de viviendas achacan la falta de interés de los ICO a que las familias no quieren endeudarse más. Aunque los microcréditos no tienen interés ni gastos, al fin y al cabo son préstamos que hay que devolver, lo que ha generado muchas dudas entre los inquilinos que se encuentran en una situación de máxima incertidumbre económica.
El Gobierno sólo ha financiado 7.4.43 préstamos ICO destinados a pagar el alquiler desde que comenzó la crisis del coronavirus
Los propietarios también explican que las negociaciones entre arrendadores y arrendatarios para adaptar los alquileres al nuevo contexto económico ha funcionado relativamente bien durante la crisis, por lo que muchos inquilinos no han tenido que pedir los créditos ICO. El plazo inicial para solicitar los microcréditos terminaba inicialmente el 30 de septiembre, pero después de varias prórrogas se ha ampliado hasta el 31 de mayo.
Las condiciones
Los créditos para pagar el alquiler a través del ICO son préstamos a un tipo cero, por un importe de hasta seis meses de renta y 900 euros mensuales por demandante (con un máximo de 5.400 euros). Están dirigidos a los inquilinos que acrediten estar en situación de vulnerabilidad debido a la pandemia y cuyo casero sea un propietario particular. Los inquilinos tienen un plazo de hasta seis años prorrogables a 10 años para devolver el dinero.
Junto con los créditos ICO al alquiler, el Gobierno también ha aprobado otras medidas en materia de vivienda destinadas a las familias vulnerables, como las moratorias hipotecarias, la prórroga automática de los contratos o la paralización de los desahucios. Esta última medida ha despertado muchas críticas dentro del sector inmobiliario, ya que consideran que genera inseguridad jurídica y que es poco efectiva.
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