Fracasa el decreto para reclamar por las cláusulas suelo: los afectados irán a los tribunales

Han pasado ya cuatro meses dese que el Gobierno intentó evitar una avalancha de demandas en los juzgados españolas tras la tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) que declaró abusivas las cláusulas suelo de las hipotecas (y por lo tanto nulas), obligando a los bancos a devolver todo el dinero indebidamente cobrado a los clientes. El objetivo era que ya hubieran cobrado los afectados, pero la iniciativa ha sido todo un fracaso.

El Real Decreto de medidas urgentes de protección de los consumidores en materia de cláusulas suelo indebidas fue diseñado para evitar la avalancha de demandas en los juzgados de los afectados, pero la mayoría de ellos deberán finalmente acudir a los tribunales si quieren recuperar su dinero. BBVA acumula la mayoría de quejas y, a pesar de haber retirado de manera automática el suelo en 2013, en esta ocasión sólo ha devuelto lo pagado de más a los que han reclamado.

Así lo explica la presidenta de ASUFIN, Patricia Suárez, quien señala que el problema no se ha solucionado ante la falta de respuesta de la mayoría de los bancos o porque las entidades han realizado ofertas insuficientes a sus clientes para evitar la vía judicial. «No solamente se le ha dado respiro a las entidades, sino que muchos afectados se van quedado en el camino ante la multitud de trabas que han puesto los bancos», señala Suárez.

ASUFIN instó al BBVA, Banco Popular, Cajamar y Novacaixagalicia a devolver de inmediato el importe cobrado de más en tanto que su cláusula suelo ya había sido declarada nula por el Tribunal Supremo. Sin embargo, según indica Suárez «estas entidades están obligando a sus clientes a presentar una reclamación, por lo que aquellos que no lo hagan, se quedarán por el camino. Todo lo contrario de lo que sucedió en 2013, cuando acataron la sentencia del Tribunal Supremo y dejaron de aplicar la cláusula suelo a todos su clientes de manera automática, sin reclamación previa».

ASUFIN considera que el Real Decreto Ley no ha sido positivo para los ciudadanos pues no ha conseguido resolver de manera global el problema de las cláusulas suelo en nuestro país. «Desgraciadamente, el cambio de cultura bancaria» no llega, las entidades no tienen la percepción de haber hecho nada mal y consideran que son víctimas de una suerte de ‘populismo judicial’. Mientras tanto, «los afectados tendremos que acudir nuevamente a los Tribunales de Justicia para recuperar el dinero», explica la presidenta de ASUFIN.

El Gobierno es consciente de este problema y el pasado viernes aprobó en Consejo de Ministros otro Real Decreto por el que crea y regula la Comisión de Seguimiento, Control y Evaluación del mecanismo extrajudicial establecido para la devolución de las cantidades indebidamente cobradas en concepto de cláusulas suelo.

Esta comisión recabará y evaluará la información que le traslade el Banco de España obtenida de las entidades de crédito y publicará con periocididad semestral un informe en el que evaluará el grado de cumplimiento del mecanismo extrajudicial. Sin embargo esta comisión no tendrá capacidad sancionadora, lo que ha sido criticado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), al considerar que se trata de una “pantomima” que no acelerará la devolución del dinero a los afectados.

Por su parte, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado la especialización de un total de 54 juzgados de Primera Instancia, uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear, que a partir del 1 de junio conocerán, de manera exclusiva y no excluyente, los litigios relacionados con cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

El CGPJ lleva así a efecto el plan de urgencia en el que empezó a trabajar en febrero para hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea . El plan estará inicialmente en vigor del 1 de junio al 31 de diciembre de 2017, pero podrá prorrogarse si es necesario.