El FMI pide a los gobiernos que no den ayudas a los consumidores para paliar la subida de la energía

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado a los gobiernos que dejen de intervenir mediante ayudas o bajadas de impuestos para paliar el impacto del encarecimiento de la energía y permitan en cambio trasladar completamente el incremento de los costes a los consumidores finales para así impulsar de manera real el ahorro energético y la transición hacia las energías verdes.

«Deben permitir que el aumento completo en los costes de los combustibles se transfiera a los usuarios finales para fomentar el ahorro de energía y el abandono de los combustibles fósiles», ha señalado la institución internacional en un artículo, donde ha expresado la necesidad de que las medidas implementadas tengan un carácter de «alivio específico» en vez de un carácter general.

De este modo, el FMI ha abogado por implementar transferencias para los hogares de bajos ingresos, que son los que más sufren con la subida de la factura energética, en vez medidas dirigidas a fijar controles de los precios. En este sentido, la institución dirigida por Kristalina Georgieva ha señalado que, hasta ahora, los responsables políticos europeos han respondido al aumento del coste de la energía principalmente con medidas de contención de precios generalizadas, incluyendo subsidios, bajadas de impuestos y controles de precios.

Sin embargo, ha advertido de que impedir el traspaso a los precios minoristas simplemente retrasa el ajuste necesario al ‘shock’ energético al reducir los incentivos para que los hogares y las empresas ahorren energía y mejoren la eficiencia, manteniendo además la demanda mundial de energía y los precios más altos de lo que serían de otro modo.

Asimismo, ha recordado el coste cada vez mayor de estas medidas, lo que está reduciendo el ya limitado espacio fiscal de los países, mientras persisten los altos precios. Por estas razones, el FMI ha recomendado dar un giro hacia políticas de ayuda «específicas», incluyendo un apoyo a la renta de los más vulnerables, cuya proporción de beneficiarios variaría entre países dependiendo de las preferencias sociales y el espacio fiscal, pero que debería diseñarse de manera que las ayudas disminuyeran gradualmente a niveles de ingresos más altos.