La Fiscalía de Brasil frena la venta de Oi a Telefónica, Tim y Claro

La Fiscalía de Brasil ha propuesto al Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de este país no autorizar la adquisición por parte de Telefónica, junto con Tim y Claro, de los activos de telefonía móvil del grupo Oi, al considerar que se podrían haber vulnerado las leyes de la competencia. En un informe dirigido al CADE, el Ministerio Público brasileño plantea determinar si se ha producido una infracción por «gun jumping», es decir, por incumplimiento de la obligación de comunicar una concentración al organismo regulador antes de ejecutarla.

Esta actuación supondría vulnerar lo dispuesto en la ley y por lo tanto la «nulidad de la operación», según el informe del ministerio público brasileño, que plantea la posibilidad de que las tres compañías hubieran constituido un consorcio previo a la compra de los activos de Oi y que no se lo hubieran notificado al CADE. En tercer lugar, en las conclusiones de este escrito, la fiscalía plantea iniciar un procedimiento administrativo contra las tres empresas compradoras para investigar si hubieran incurrido en una conducta concertada entre competidores y en posibles prácticas de exclusión.

El ministerio público instruyó este procedimiento administrativo después de que Algar Telecom, un operador brasileño, pidiera ante el CADE investigar este supuesto ‘gun jumping». Se prevé que el CADE, el órgano regulador responsable del combate a los monopolios en Brasil, se manifieste sobre el proceso de compra este mismo miércoles. Vivo (Telefónica Brasil), Claro (América Móvil) y TIM (Telecom Italia) compraron los activos móviles de Oi por 2.742 millones de euros. La filial de Telefónica en Brasil aportaría el 33 % del valor de la oferta. La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel, regulador) aprobó a finales de enero esta venta.

Vivo, ha señalado que en la oferta por los activos de telefonía móvil de Oi, aprobada por unanimidad por Anatel el 31/1, se siguieron todos los procedimientos legales aplicables. La propuesta de compra se hizo en una subasta pública en el marco de la recuperación judicial del operador y, por lo tanto, supervisada por el Ministerio Público de Río de Janeiro y por el Poder Judicial. «Contrariamente a lo que afirma el fiscal, la oferta fue realizada conjuntamente por las tres empresas, pero no en forma de consorcio, y dará lugar a tres adquisiciones absolutamente independientes por parte de los compradores, que siguen y seguirán compitiendo enérgicamente en el mercado. Las características de la compra propuesta pretenden preservar y fomentar la competencia en el mercado de la telefonía móvil» afirman desde la compañía.