Fin de la guerra del cava: Agricultura limita a 172 hectáreas el crecimiento de la superficie de cultivo

La guerra del cava ha llegado a su fin, aunque la resolución no va a contentar a ninguno de los dos bandos. El Ministerio de Agricultura ha decidido aumentar la superficie de cultivo de la Denominación de Origen (D.O.) Cava en 172 hectáreas sobre la superficie actual, que se sitúa a día de hoy en 36.110 hectáreas, según ha explicado en un comunicado.

Frente a la petición del Consejo Regulador del Cava, controlada por las bodegas catalanas, de limitar la producción durante los próximos tres años a 0,1 hectáreas, el Ministerio ha fijado finalmente en el 0,52% las nuevas plantaciones para 2018. Es decir, la resolución será válida para un año. En el otro lado se encuentran Extremadura y Valencia, que ya se levantaron frente al veto catalán y que pedían limitar la producción en 450 hectáreas.

La resolución de Agricultura establece que las 172 hectáreas deberán repartirse a partes iguales entre los tres tipos de solicitudes que pueden hacerse: nuevas plantaciones, replantaciones y conversiones de derechos de replantación. A cada una le corresponden 57,4 hectáreas.

Las nuevas plantaciones de viñedo: 4.590 hectáreas

La resolución del MAPAMA sobre las plantaciones de viñedo va de la mano del cava. El Ministerio ha fijado en 4.950 hectáreas la superficie que se podrá autorizar para las solicitudes de nuevas plantaciones de viñedo en 2018 en el ámbito nacional.

Se trata de la resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios publicada hoy en el BOE que establece, asimismo, las limitaciones de plantaciones en las Denominaciones de Origen Protegidas supra-autonómicas de Rioja y Cava.

Respecto a las nuevas plantaciones en el territorio nacional, las 4.950 hectáreas representan el 0,52% de la superficie actualmente plantada de viñedo, lo que supone mantener el mismo ritmo de crecimiento que en la campaña pasada, ya que en 2017 también se situó en el 0,52% y en 2016, se fijó en 0,43%.

El organismo, presidido por Isabel García Tejerina, ha subrayado que su decisión tiene como objetivo «lograr un crecimiento sostenido de la superficie de viñedo y evitar riesgos de oferta excesiva de productos vinícolas en relación con las perspectivas de mercado».