Fedea carga contra Industria por su nueva ley: «Beneficia al Estado y no a las empresas como prometía»

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación. Redactor de economía en OKDIARIO y autor de "La economía a través del tiempo" en el Instituto Juan de Mariana
• • 02/06/2025 13:54
  • Actualizado: 02/06/2025 13:54

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha puesto en evidencia al ministro de Industria, Jordi Hereu, por la Ley de Industria y Autonomía Estratégica. Según explica la organización, el Gobierno de Sánchez prometía «reducir las cargas administrativas» que sufren las empresas. Sin embargo, la normativa no sólo no ha cumplido con su objetivo, sino que el beneficiado ha sido, en realidad, la propia Administración Pública.

Así, la Fedea pone de manifiesto que, tras leer el texto de la Ley, la conclusión es que «no se observa nada que sugiera una reducción de cargas», tal y como prometía inicialmente el Ministerio de Industria. Es decir, la disposición no ha cumplido con su objetivo.

Es más, la fundación asegura que los beneficiados son otros: «Más bien, al contrario, se crean nuevos sistemas de certificación empresarial, que realmente están pensados para reducir la carga de la Administración en los procedimientos de ayudas públicas».

La organización muestra su preocupación, pues considera que los pasos que está dando el Ejecutivo son los contrarios a los necesarios: «Esto resulta especialmente importante en un contexto europeo donde hay una elevada preocupación por reducir las cargas administrativas que recaen sobre las empresas».

Fedea carga contra Industria

Estas son algunas de las conclusiones a las que ha llegado Diego Rodríguez, experto de Fedea y la Universidad Complutense de Madrid, tras analizar el proyecto de ley que actualmente está en proceso de enmiendas en el Congreso de los Diputados.

La norma en cuestión forma parte de las reformas que España se comprometió a implementar en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además, busca actualizar el marco normativo de la industria, vigente desde hace más de cuatro décadas.

Sin embargo, Rodríguez destaca que, pese al objetivo declarado de reducir cargas administrativas, el proyecto no presenta medidas concretas que apunten en esa dirección.

Por el contrario, Fedea señala un cambio significativo en el enfoque de la norma, que abandona las tradicionales agrupaciones sectoriales clásicas para introducir los denominados «ecosistemas industriales».

«Este concepto, sin embargo, se define de un modo muy difuso, un problema que se extiende también a otros conceptos que juegan un papel básico en la nueva ley, como los sectores y retos estratégicos», detalla el documento, que considera que el adjetivo estratégico se utiliza «profusamente a lo largo de la norma para adjetivar distintos conceptos, sin llegar generalmente a definirlos con claridad».

No obstante, en el informe se valora positivamente el diseño de una gobernanza basada en una Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica, con una vigencia de seis años y de la que se derivaría un futuro Plan Estatal y Programas para periodos trienales.

También se considera favorable que haya una evaluación de ambas, si bien el autor considera «imprescindible» que dicha evaluación se realice por una entidad independiente y externa al Ministerio responsable, un extremo que no se incluye en la norma.

En cualquier caso, el autor señala que no «resulta posible adelantar los efectos prácticos de la estructura de gobernanza que se delinea en la nueva ley y que habrá que esperar a su desarrollo reglamentario».

Por otra parte, el especialista define como «razonable» la práctica de condicionar las ayudas públicas al mantenimiento de la actividad en territorio nacional durante un período mínimo.

Sin embargo, llama la atención sobre el hecho de que, en una ley que deja la concreción de buena parte de su contenido para desarrollos normativos posteriores, no se remitan los detalles en este ámbito a las bases reguladoras de las ayudas relevantes y se establezcan unos umbrales de aplicación general en una norma con rango de ley. A ese respecto, el autor manifiesta sus dudas sobre la proporcionalidad y justificación de los umbrales establecidos.

En el trabajo también se indica la dificultad de pronunciarse sobre el nuevo Comité de Inversiones Estratégicas, del que el Proyecto de Ley solo establece ideas «muy generales».