Exprópiese: el Gobierno aprovecha la crisis del coronavirus para lanzarse a nacionalizar empresas

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 10/01/2021 11:33
  • Actualizado: 10/01/2021 19:15

Las ideas económicas de Podemos van imponiéndose en el Gobierno a pesar de la cada vez más débil resistencia de Nadia Calviño y José Luis Escrivá. La crisis provocada por la mala gestión de la pandemia en España supone una oportunidad de oro para nacionalizar empresas aprovechando que muchas tienen graves problemas que amenazan su supervivencia. El Ejecutivo está dando pasos decididos para facilitar esta entrada del Estado en el capital de compañías privadas y avanzar así hacia el sueño de Pablo Iglesias de que todas las empresas sean públicas y todos los trabajadores, funcionarios, como en los países comunistas. Algo que recuerda al mítico «exprópiese» de Hugo Chávez en Venezuela y que Pedro Sánchez parece dispuesto a tolerar para seguir en Moncloa.

Un sueño que no es nada secreto, por otra parte. Esta semana, la fundación de Podemos (Instituto 25-M) debatió un plan que consiste en la “nacionalización de los sueldos” y la generación de una “política industrial estatista», es decir, que sea el Estado el que dicte la estrategia de las empresas y que se haga cargo de pagar todos los salarios, que lógicamente tenderán a ser categorizados e igualados dentro de cada categoría. Es decir, como en la antigua URSS.

Como ha venido informando OKDIARIO, el instrumento para estas nacionalizaciones será el fondo de rescate de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), llamado Fondo de apoyo a las empresas estratégicas y dotado inicialmente con 10.000 millones de euros. Un fondo que ya ha inyectado dinero en Globalia (Air Europa) pero que se encuentra con un problema serio para salvar más compañías: su regulación limita las ayudas a empresas que puedan considerarse estratégicas, como su nombre indica. Es decir, que presten un servicio esencial, que tengan una importancia para el interés general o la seguridad nacional por su actividad o por las infraestructuras que manejan, que sean líderes de su mercado, o que, si desaparecen,  puedan provocar una situación de monopolio u oligopolio, o un conflicto social por la cantidad de trabajadores que irían al paro. Algo que no se da en la mayoría de las empresas que necesitan esta asistencia, que no son las grandes multinacionales estratégicas españolas.

Pero, además, la normativa del fondo exige que las empresas fueran viables antes de la pandemia del coronavirus y que simplemente atraviesen dificultades puntuales a causa de la misma. Cosa que tampoco es aplicable a la mayoría de las que necesitan ser rescatadas, que arrastraban graves problemas anteriores; serían los casos de Abengoa o Duro Felguera. Ante esta situación, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (conversa sanchista tras ser consejera en Andalucía con Susana Díaz, y más próxima a Podemos que Calviño o Escrivá), pretende ampliar los objetivos y relajar las condiciones del fondo. Por ejemplo, puede buscarse una fórmula como permitirle ayudar a compañías con problemas anteriores que se hayan agravado por culpa del covid.

Las grandes multinacionales también son objeto de deseo

Pero no se trata solo de estas empresas en apuros. El plan de Sánchez e Iglesias quiere jugar a lo grande y también contempla entrar en las principales compañías del país, como también ha adelantado OKDIARIO. La excusa sería que estén amenazadas de opa por un gigante comunitario de su sector, algo que no es nada descabellado a la vista del desastroso comportamiento bursátil en 2020 (y años anteriores) de muchos de nuestros gigantes de la energía, la banca, las telecomunicaciones, la construcción o el turismo.

Con el pretexto de defenderlas del asalto, la SEPI podría tomar hasta un 5% del capital de la empresa amenazada, lo que le daría derecho a estar presente en su consejo de administración y, en consecuencia, a tener poder de decisión sobre su estrategia y sus operaciones. Es decir, sería una nacionalización encubierta en toda regla. Además, Bruselas no podrá decir nada porque países como Francia, Alemania o Italia han mantenido una presencia pública en empresas estratégicas de forma tradicional sin ningún obstáculo por parte de las autoridades europeas.

Un trozo de pastel para ERC y Bildu

En estos pasos hacia la nacionalización de empresas vulnerables por una u otra causa, PSOE y Podemos no quieren dejar atrás a sus socios de investidura y de Presupuestos: ERC y EH Bildu. Por eso, han ofrecido a los independentistas catalanes y vascos entrar en las principales instituciones económicas españolas: el Banco de España, la CNMV y, naturalmente, la SEPI.

El antiguo INI es la pieza más cotizada por estas formaciones anticonstitucionalistas, ya que les permitirá también tomar el control público de empresas problemáticas de sus territorios, de nuevo con el propósito aparente de rescatarlas por sus dificultades económicas en la pandemia. Y así podrán ponerse la medalla de los puestos de trabajo salvados. No hay que olvidar que tanto Esquerra Republicana como Bildu comparten las ideas económicas comunistas de Podemos y que cada vez tienen más predicamento en el Gobierno central.