Un ex director de la Agencia Tributaria dice que el ‘impuestazo’ a los ricos es «político», «caduco» e «indeseable»

La llamada tasa de solidaridad de las grandes fortunas, el dudoso gravamen de nueva generación inventado por Sánchez para reventar la bonificación del Impuesto sobre el Patrimonio que aplican las comunidades autónomas gobernadas por el PP, «no trata de compensar la reducción de la recaudación impositiva originada por la crisis, que no se ha producido, sino, más bien, de abrir cauces para transmitir mensajes netamente políticos de imposición sobre los ciudadanos de patrimonio elevado y para financiar un gasto público desordenado». «Es una decisión política, caduca -pues ya no existe en país alguno del mundo desarrollado-, y que provocará efectos indeseables como la deslocalización del ahorro interno, así como la disuasión de la inversión extranjera».

Así piensa Salvador Ruiz Gallud, ex presidente de la Agencia Tributaria, que ha escrito una de las colaboraciones del informe del Instituto de Estudios Económicos al respecto, y es el mensaje que declaró la semana pasada en una intervención en el Club Liberal Español restringido a los socios.  Uno de los argumentos utilizados por el Gobierno para justificar la introducción del nuevo impuesto es considerarlo como una de las medidas fiscales «que permiten avanzar hacia un sistema tributario más justo al contemplar una mayor contribución de los grandes patrimonios y las grandes empresas». Se dice también que «el objetivo es lograr una mayor cohesión social y un reparto más justo de la crisis bajo la premisa de que aporten más quienes más tienen». Sin embargo, según Ruiz Gallud, las continuas referencias a la crisis no son coherentes con el aumento de la recaudación que vienen experimentando algunos conceptos tributarios como consecuencia de la inflación y de las revisiones salariales provocadas por ella. La inflación permite un aumento directo de los ingresos por IVA y por los Impuestos Especiales, mientras que los mayores salarios aumentan más que proporcionalmente la recaudación del IRPF, dada su tarifa progresiva.

Como es sabido, en un impuesto progresivo un aumento de la base imponible conlleva un aumento del porcentaje de impuesto exigido (cuota tributaria). Es así que el incremento nominal de los salarios, que no su aumento en términos reales -descontando la inflación- determina en el IRPF un mayor tipo medio sobre los mismos, aumentando de manera importante e injusta el gravamen personal. Por tanto, aun sólo atendiendo a los cuatro grandes impuestos gestionados por la Agencia Tributaria, si se contrastan las cifras de los ingresos para el período de enero a octubre de 2022 con las del mismo período de 2021, el incremento de la recaudación se cifra en 31.359 millones, lo que supone un 17,12% de aumento.

Esas cifras pueden contrastarse con la previsión de recaudación para el impuesto a las grandes fortunas señalada en el ‘Plan Presupuestario 2023’ del Reino de España, remitido por el Gobierno a Bruselas el pasado 15 de octubre. Según el Plan, el potencial recaudatorio de la nueva figura es de 1.500 millones anuales (exigibles a 23.000 contribuyentes potenciales), lo que en términos relativos convierte al nuevo impuesto en un mero figurante de nuestro sistema tributario, según Ruiz Gallud. En definitiva, con dicho tributo de nueva generación «se trata no tanto de compensar la reducción de la recaudación impositiva originada por la crisis, reducción que no se ha producido, sino, más bien, de abrir cauces para transmitir mensajes netamente políticos de imposición sobre los ciudadanos de patrimonio elevado y para financiar un gasto público desordenado».

Los efectos del nuevo pseudotributo tendrán además otras consecuencias negativas: dejarán de venir a España muchos de los ciudadanos que se hubieran planteado un cambio de residencia a nuestro país y, a la inversa, podrían planificar su marcha los contribuyentes residentes que se vean más afectados por la nueva imposición. De hecho, ese efecto refractario de nuevos impatriados se viene produciendo antes de la aprobación parlamentaria del gravamen, debido al ya vigente efecto anuncio. «Esa señalización de nuestro país y esos indeseables efectos son especialmente absurdos si se considera la escasa recaudación que en términos relativos supondrá la nueva figura, calculada en 1.500 millones en el ‘Plan Presupuestario 2023’ antes citado», insiste el ex director de la Agencia Tributaria.

Adicionalmente, el discurso político de respaldo del impuesto resulta del todo contradictorio con los nuevos incentivos a la venida a España de emprendedores, contenidos en el proyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, ya aprobado por las Cortes Generales y pendiente de publicación en el BOE. Entre esos incentivos se cuentan las mejoras del régimen especial del IRPF de «trabajadores desplazados a territorio español», conocido usualmente como régimen de «impatriados».

En algunos países, como Portugal o Italia, se viene apostando fuerte en el terreno fiscal por la atracción de talento. En Portugal, el régimen de «residentes no habituales» permite tributar a los recién llegados en el impuesto sobre la renta portugués a un tipo fijo del 20%; los rendimientos de fuente extranjera no tributan en Portugal si los convenios que mantiene dicho país con las jurisdicciones de fuente de las rentas prevén la posibilidad de su gravamen en origen. Por su parte, Italia mantiene una política muy estable y coherente de atracción de ciudadanos de rentas altas hacia ese país, eximiendo a los nuevos residentes de tributar por un 70% de sus rentas (por tanto, se tributa por solo el 30% de lo ganado), porcentaje que llega al 90% si se trata de investigadores, o de nuevos residentes que ubican su domicilio en las regiones del sur de Italia.

La conclusión, según Ruiz Gallud, es que la nueva imposición perjudicará nuestra competitividad y constituirá una traba importante en la senda de atracción de talento y actividad económica hacia España, que se evidencia así en el plano internacional como país inamistoso con los ciudadanos de rentas altas: en definitiva, «el nuevo impuesto patrimonial constituye un tributo improvisado desde posiciones políticas extremas mediante el que el Estado irrumpe de manera explícita e ilegal en ámbitos de competencia autonómica, para el que se ha buscado una tramitación parlamentaria elusiva del dictamen del Consejo de Estado y de la consulta pública, que seguirá identificando a nuestro país como una jurisdicción de alta imposición a evitar por emprendedores e inversores, y cuya regulación falta a la seguridad jurídica y a la confianza legítima exigibles desde el mismo plano constitucional, al haberse publicitado con escasísima antelación respecto de su primer devengo, impidiendo así una adecuada organización del patrimonio de muchos contribuyentes. Por todo ello, el nuevo impuesto nacerá frágil y será fuente de conflictividad política y de importante litigiosidad», concluye el exdirector de la Agencia Tributaria.