Europa avisa al Gobierno: sólo ha construido 59.879 viviendas asequibles y le faltan más de 1 millón

Así se desprende del informe del semestre europeo que Bruselas ha presentado esta semana. En concreto, para elaborar este informe la Comisión Europea se basa en los datos del Banco de España que muestran que casi el 40% de los inquilinos españoles gastan el 40% de sus ingresos en alquiler y servicios públicos, frente a la media de la UE del 27%, al tiempo que la economía española presenta un déficit de vivienda de aproximadamente 600.000 unidades.

Con el objetivo de solucionar el problema de la falta de oferta, Bruselas ha instado al Gobierno de España a terminar de una vez la reforma pendiente de la Ley del Suelo. Una medida que ya se lleva exigiendo durante años por parte del sector inmobiliario español, pero que de momento sigue paralizada.

Según Bruselas, la reforma de la Ley del Suelo «facilitaría el desarrollo de nuevas viviendas reduciendo los plazos de tramitación, fomentando la estabilidad normativa y eliminando cuellos de botella administrativos innecesarios».

Desde el informe de la Comisión Europea también se exige a España a resolver el problema de la falta de obra en el sector de la construcción. «Resolver la escasez de mano de obra en el sector de la construcción es fundamental, ya que más del 50% de los empresarios del sector señalan importantes dificultades para encontrar trabajadores», ha indicado Bruselas en el informe.

«Es un problema social que se está convirtiendo en un problema económico y financiero que puede afectar al crecimiento económico», ha explicado un funcionario de la Comisión Europea, que también ha advertido de que si los individuos tienen dificultades para encontrar alojamiento, esto «podría frenar los flujos migratorios potenciales» que mantienen la solidez del mercado laboral.

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario apunta a que «el aumento selectivo de los volúmenes de promoción de viviendas puede tener beneficios fundamentales en España, ya que mejoraría la capacidad de absorción de la oferta de mano de obra en las áreas metropolitanas saturadas, al tiempo que fomentaría la movilidad laboral interna».

A su vez, se ha advertido de un aumento de las viviendas de alquiler turístico. Un cambio que «ha reducido la disponibilidad de viviendas de alquiler para primera residencia, a lo que se suma el escaso parque de viviendas sociales y un repunte relativamente lento de las nuevas construcciones o remodelaciones para satisfacer la creciente demanda».

Con respecto a esto, varios expertos del sector inmobiliario ya llevan meses alertando de que el tope de precios del alquiler en zonas tensionadas y la aplicación de la Ley de Vivienda estaba causando, por ejemplo, en ciudades como Barcelona, «la salida de pisos del alquiler residencial de larga duración y que se estaban trasladando hacia el alquiler turístico, ya que este no cuenta con un control de preciso».