La Eurocámara considera «absurda» la intención de la Comisión de sancionar a España por el déficit

Será una oposición en bloque, «al 99% si no más», según fuentes cercanas a la reunión. La inmensa mayoría de los grupos políticos de la Eurocámara han mostrado este martes su rechazo a la congelación de Fondos Estructurales y de Inversión Regional a España y Portugal por haber incumplido el pasado año sus objetivos déficit. Incluso han llegado a calificar de «absurda» la mima idea de que se suspendan, por mucho que sea una decisión «revisable». Exigen a la Comisión que reconsidere su posición.

Pero ésta no lo hará, o no previsiblemente. Es todo «un juego institucional» que lleva a la Eurocámara a defender a los ciudadanos que la votan, que «no entenderían que después de años de esfuerzos, ahora las instituciones decidan que eso no ha valido para nada», y que hace que la Comisión se ponga en el papel inflexible de representar a quien «cumple con las leyes europeas».

Y eso que no es tan así. Las leyes europeas, concretamente el artículo 23 del reglamento sobre los Fondos Regionales, prevén que las sanciones sean proporcionales al supuesto incumplimiento del que se acusa a España (y a Portugal), que tengan en cuenta la situación socioeconómica del país afectado y que traten por igual a éste con respecto a otros Estados miembros.

El pasado mes de julio, la Comisión Europea se plegó a la decisión política de no sancionar a España y a Portugal con una multa que podría haber llegado hasta el 0,2% de su PIB. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, entendió que era «imposible», en el contexto del Brexit y con una recuperación económica endeble, hacer entender que dos países cuyos ciudadanos han sufrido políticas de austeridad muy rigurosas fueran además sancionados económicamente por no llegar secos a la orilla. Pero Juncker ideó un plan para que la Comisión no pareciera demasiado laxa: abrió la mano a una congelación de los fondos europeos para los programas regionales.

Y la Eurocámara ha dicho no. «Consideramos esta medida absurda y también poco inteligente», ha dicho el eurodiputado socialista italiano Andrea Cozzolino, siguiendo la postura ya expresada por el líder del Grupo Socialista en la Eurocámara, Gianni Pittella. También, el eurodiputado del Partido Popular Europeo Lambert Van Nistelrooij ha instado al Ejecutivo comunitario a buscar una alternativa distinta, en un debate de las comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios y de Desarrollo Regional con el Ejecutivo comunitario.

El vicepresidente de la Eurocámara y diputado del Partido Popular Ramón Luis Valcárcel, ha reprochado a los comisarios que reduzcan la situación a una «mera anécdota» al sostener que «no pasa nada» por la suspensión de parte de los fondos, y ha considerado la medida «injusta, inoportuna y desproporcionada».

Una de las pocas voces que han matizado un tanto la postura común de todos los intervinientes ha sido la del eurodiputado socialista Jonás Fernández, quien ve con buenos ojos los planes de Bruselas, aunque ha pedido que la sanción sea «meramente testimonial». En su opinión «el Gobierno español no ha cumplido» pero «no sería justo» que pagaran los ciudadanos, perdiendo financiación europea, por los errores del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

«No se puede pedir más austeridad a la ciudadanía, ni más recortes en sus derechos y en sus servicios», ha advertido, por su parte, la eurodiputada de Izquierda Unida Ángela Vallina, para quien este castigo es «incoherente», porque genera «inestabilidad», y es «ilegal», porque no respeta la igualdad de trato entre Estados miembros.

El eurodiputado de ICV, Ernest Urtasun, ha afeado a Bruselas que haya «acompañado deliberadamente» el desvío del déficit en España, al «mirar para otro lado» en año electoral.

La Comisión, a la defensiva

El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, ha remarcado que Bruselas tiene la «obligación legal» de actuar y que no se trata de una cuestión de «voluntad política». Asimismo, ha indicado que la suspensión parcial no supone la paralización de ningún programa en marcha.

Sin embargo, las fuentes consultadas, remarcan que si bien la suspensión es revisable, «el mensaje que se envía a los mercados y a las economías de los países sancionables es contraproducente», pues España y Portugal quedarían estigmatizados «y los inversores huirían de un país que no tiene asegurados sus ingresos futuros».

Por su parte, la comisaria de Política Regional, Corina Cretu, ha asegurado que Bruselas tendrá en cuenta las circunstancias económicas y sociales de España y Portugal, en particular el alto nivel de desempleo de ambos países, cuando proponga la suspensión de fondos de inversión por haber incumplido los objetivos de déficit el pasado año.

«Esto significa que la Comisión en principio podría hacer una propuesta que esté por debajo del máximo estipulado», ha apuntado la comisaria. Las reglas comunitarias establecen que, después de haber constatado la «falta de acción efectiva» para corregir el déficit, Bruselas proponer la suspensión de hasta el 50% de los fondos europeos comprometidos para el año siguiente.

La comisaria también ha explicado que si finalmente se suspenden parte de los fondos estructurales, esto no afectará hasta 2020, puesto que los compromisos para cada año deben gastarse antes de que pasen tres años, por lo que ha afirmado que la congelación de fondos no supondrá problemas en el corto plazo.

Según las citadas fuentes, los dos comisarios y sus equipos asesores se han presentado en la sede de la Eurocámara en Estrasburgo este lunes «a la defensiva». En realidad, han mostrado una posición bastante «inflexible» para jugar el papel de «cumplidores» y hacer ver que la Unión Europea cumple con sus leyes, contando con que «la decisión final no les corresponde», sino al Consejo.

Después de esta reunión, a la que la Comisión estaba obligada, y aunque la opinión de la Eurocámara no es vinculante, la oposición firme y en bloque de los grupos políticos será tenida en cuenta en la propuesta de sanción que eleven los comisarios a los Veintiocho. Además, queda que España presente el próximo día 15 de octubre las medidas correctoras acordadas, como la reforma del Impuesto de Sociedades, que le permitirá recaudar unos 8.000 millones de euros que enjuguen el desequilibrio de más de 6.000 millones que Bruselas exige cubrir.

«Si hubiese un Gobierno en España, todo esto no estaría ocurriendo», ha apuntado Ramón Luis Valcárcel en una entrevista exclusiva con OKDIARIO. «La irreponsabilidad de algunos nos puede constar muy caro», ha añadido, refiriéndose al bloqueo institucional que mantiene a España sin Gobierno desde el pasado mes de diciembre.

De hecho, tanto Kataynen como Cretu han apuntado que si finalmente España es sancionada, el Ejecutivo comunitario levantará «inmediatamente» la congelación de los fondos una vez que el Consejo de la UE estime que ambos países han corregido sus déficit excesivos. Pero eso, sin Gobierno, parece imposible. Y entretanto los mercados volverían a mirar a España como un problema.