Estas son las claves de la nueva Ley de Vivienda que interviene el mercado del alquiler

El Gobierno de Pedro Sánchez ha alcanzado un acuerdo con EH Bildu y ERC para sacar adelante la nueva Ley de Vivienda, que intervendrá y controlará el mercado del alquiler topando la subida de los precios.

La clave principal de la normativa es la limitación de la subida del precio del alquiler. Durante 2023 se aplicará un límite del 2% (que está en vigor desde abril del año pasado); mientras que en 2024 el tope a la subida será del 3%, independientemente del tamaño del tenedor. Y a partir de 2025, se aplicará un nuevo índice, que tiene que crear el Instituto Nacional de Estadística (INE). Para ello, se creará un grupo de trabajo.  Igualmente, la normativa incluye la eliminación del IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos.

A partir de 2025, el tope a la subida del precio del alquiler variará en función del tipo de contrato y del perfil del casero. En el caso de los pequeños propietarios que cuenten con menos de cinco inmuebles en una zona tensionada, el límite estará marcado por el contrato anterior. Mientras que para los alquileres de los grandes tenedores el tope se establecerá mediante la aplicación del índice de referencia.

También se podrán aplicar los límites del índice de referencia de precios a las nuevas viviendas que no hayan estado alquiladas en los últimos cinco años, si así se establece en la declaración de zona tensionada.

Tipo de propietario

Otra de las claves de la Ley de Vivienda es que rebaja la definición de gran tenedor de 10 a 5 inmuebles. De esta forma, los propietarios que tengan 5 o más inmuebles en un área tensionada se considerarán grandes tenedores y, por tanto, se les aplicarán unas medidas específicas.

Zonas tensionadas

La ley permite que las comunidades autónomas regulen todos los alquileres en las zonas tensionadas, no sólo los de los grandes tenedores. La normativa establece que serán consideradas áreas tensionadas aquellas zonas donde la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada.

Inquilinos

Una novedad de la Ley de Vivienda es que los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario y no del inquilino. Asimismo, se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, que obligarían a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro no atribuible que no estuvieran acordadas previamente.

Desahucios

Otra de las claves es que la Ley de Vivienda prohíbe los desahucios sin fecha y hora predeterminada. También se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de dos años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables.

En este sentido, las comunidades podrán articular mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional que consideren oportunos, forzando a los grandes tenedores que realicen desahucios a someterse a los mismos.

Obra nueva

Los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida aumentan del 30% al 40% en el suelo urbanizable (actuaciones de nueva urbanización) y del 10% al 20% en suelo urbano no consolidado (actuaciones de reforma o renovación de la urbanización) para impulsar la vivienda protegida en alquiler a precio limitado.