La esquizofrenia de CCOO y UGT: defienden las energías verdes pero se oponen al fin de la minería

Este miércoles, UGT y CCOO anunciaron «las acciones y movilizaciones necesarias» para que el actual Gobierno en funciones o el posible nuevo Gobierno «ponga en marcha de forma inmediata las medidas políticas para garantizar la viabilidad de la minería en España». Al mismo tiempo, ambos exigen a los diferentes Gobiernos que apuesten por las energías verdes.

Así, los sindicatos se posicionan claramente a favor de que la minería continúe en España pese que se trata de un sector ineficiente. No obstante, tanto UGT como CCOO recriminan habitualmente al Gobierno que no se comprometa a reducir la contaminación y que no apueste por las energías renovables. De hecho, el sindicato presidido por Ignacio Fernández Toxo elaboró en el año 2008 una proposición de ley de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía.

«El cambio climático por causa del denominado ‘efecto invernadero’ es el resultado directo de un sistema de producción y consumo muy ineficiente y altamente derrochador de materia y energía. Esta dinámica está en gran medida determinada por las fuentes energéticas dominantes, como son el petróleo, el carbón y el gas natural, que son combustibles de origen fósil tan ineficientes como contaminantes y cuya tasa de renovabilidad es cero», recoge el documento.

«Abordar, pues, la lucha contra el cambio climático requiere de una apuesta clara por un cambio en las fuentes energéticas actuales hacia una economía solar basada exclusivamente en las energías renovables», sentencia la proposición de ley.

Pero no sólo CCOO cae en una contradicción al exigir al mismo tiempo la reducción de la contaminación por combustibles fósiles por un lado y el fomento de las energías renovables por el otro. Tanto el ya citado sindicato como UGT exigieron a la que fuera ministra socialista de Medio Ambiente, Elena Espinosa, que España se endureciera su compromiso con los protocolos de Kyoto y redujera sus emisiones de CO2 en un 30% de cara a 2020 respecto a 1990. Esos mismos compromisos no parecen aplicables a la minería, al menos para los sindicatos.

Un dato sorprendente es que las compañías eléctricas están obligadas a consumir un porcentaje determinado de carbón autóctono, tal y como se puede comprobar en el BOE. Además, cada tonelada de emisión de CO2 conlleva una penalización en función de la legislación y es la compañía eléctrica la que ha de hacer frente a ese coste, pues está obligada por la Administración a adquirir dicho carbón al precio estipulado por el poder público.

El carbón autóctono español, además es de muy baja calidad en comparación con el de importación. No se trata de un tema de mano de obra barata ni de explotación laboral en el extranjero, sino que tiene menos poder calorífico que el carbón de exportación, por lo que de no estar subvencionado desaparecería al ser un sector ineficiente.