España se desploma en el índice de seguridad jurídica lastrada por los impagos a las renovables de Ribera

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación. Redactor de economía en OKDIARIO y autor de "La economía a través del tiempo" en el Instituto Juan de Mariana
• • 03/07/2025 00:01
  • Actualizado: 03/07/2025 00:01

España cae en el índice de seguridad jurídica desde casi los 7 puntos sobre 10 hasta los 6,5 puntos, arrastrada por el área de inversión y laudos a causa de los impagos a las renovables por parte de la ex ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Así lo refleja el último informe elaborado por el Instituto Juan de Mariana, que se dedica a estudiar el «grado de certeza legal, calidad institucional y Estado de derecho en los países de la Unión Europea».

La deuda de España con los fondos internacionales por los impagos a las renovables roza ya los 1.900 millones de euros, según cálculos de los propios inversores.

Los fondos habían ofrecido a Teresa Ribera una oferta para cerrar el conflicto y acabar con las reclamaciones, que ya han originado varios embargos de bienes españoles en el extranjero, pero siempre recibieron un no por respuesta.

Esta situación es la que ha llevado a España a tener una nota de 3,5 puntos sobre 10 en el área de inversión y laudos dentro del índice. Según el informe, «las áreas con mejor puntuación son Democracia con un 8,1, y el Funcionamiento de la Justicia y el Gobierno Limitado, ambas con 7,2 puntos, lo que indica una relativa fortaleza en la independencia judicial y en los mecanismos institucionales que limitan los abusos gubernamentales».

Sin embargo, el país saca peor nota en «la Corrupción (6,3), la Calidad Regulatoria (6,4), y la Efectividad Gubernamental (6,5), destacando áreas específicas de inseguridad institucional».

«La rúbrica de Fiscalidad obtiene una puntuación moderada (6,7), mientras que Derechos de Propiedad (6,5) refleja una necesidad importante de mejora para fortalecer la confianza y seguridad jurídica en estos ámbitos críticos para el desarrollo económico», explica el estudio.

El problema de la seguridad jurídica

Precisamente, varias organizaciones, como el Consejo General de Economistas (CGE), ya han alertado sobre problemas de seguridad jurídica con el Gobierno de Pedro Sánchez. En el índice expuesto por el Instituto Juan de Mariana, España «se sitúa en la posición 20 de un total de 27 países de la UE, lo que refleja una situación institucional muy deficitaria y claramente alejada de las democracias europeas con mayor solidez».

«Desde el año 2000 hasta nuestros días, España ha seguido una trayectoria descendente en el índice de seguridad jurídica», advierte el informe. «Tras alcanzar un pico de 7,9 puntos hace ahora 22 años, el Reino ha experimentado un deterioro sostenido que se frenó de 2014 a 2019, para volver a entrar en una fase de retroceso desde entonces», explica.

«La llegada a la presidencia de Pedro Sánchez coincide con las peores puntuaciones históricas» de España en el índice, «reflejando la erosión de la seguridad jurídica, el imperio de la ley y las instituciones». La nota cosechada por España en 2025 «es, con diferencia, la peor de la historia reciente», alertan los profesionales.

Con todo, otro de los factores que más lastran al país es la corrupción: «En 2025, España ha registrado un desplome histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional, cayendo diez puestos en un solo año y situándose en la posición 46 a nivel global. Con apenas 56 puntos sobre 100, se trata de la peor nota desde los tiempos de Felipe González. Este descenso refleja una creciente percepción de impunidad institucional bajo el actual Gobierno de Sánchez».

Además, todo esto acaba teniendo su efecto sobre el sector privado español, que vive de forma pasiva el problema: «El Banco de España considera que la caída en la calidad de las instituciones ha tenido un impacto directo en la productividad y el bienestar económico».

El mismo organismo «ha estimado que, si España igualara los estándares institucionales de Dinamarca, su productividad crecería un 19% más en cinco años, lo que se traduciría en hasta 6.000 euros adicionales de renta per cápita». «Sin embargo, nuestro país figura entre los cinco con mayor deterioro institucional desde 2000 hasta nuestros días, a la par con Hungría, Polonia o Estados Unidos», sentencia el estudio.