Escrivá anuncia un nuevo subsidio: 50 euros por hijo para familias con «pobreza moderada»
El Gobierno ha anunciado este jueves una nueva subvención. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha señalado en declaraciones a los medios que dará una ayuda de 50 euros por niño para familias en situación no sólo de pobreza severa sino también moderada. La medida, ha dicho, podría beneficiar a corto plazo a unos 500.000 menores.
El ministro ha explicado que, aprovechando la tramitación parlamentaria del ingreso mínimo vital (IMV), el PSOE presentará una enmienda para incorporar esta ayuda como complemento.
«Estamos calibrando la cuantía y hasta dónde vamos a llegar en términos de renta y patrimonio», ha explicado el ministro, quien ha asegurado que esta ayuda beneficiará a familias con niños con rentas que van más allá de los umbrales del IMV, es decir, que están en situación «no solo pobreza severa sino también moderada».
Escrivá ha recordado que «el IMV discrimina positivamente de una forma muy precisa por tipología de familia», con el foco puesto en niños y las monoparentales, al tiempo que «tiene en cuenta los niveles de renta y patrimonio».
El objetivo es que las personas que cumplen el primer requisito pero tienen «cierto patrimonio» y acceden a prestaciones que son para situaciones vulnerables dejen de hacerlo, redirigiendo esas ayudas «a quienes lo necesitan».
Se trata de un nuevo subsidio que pondrá el marcha el Gobierno, que ya ha ampliado los beneficiarios del paro y el propio ingreso mínimo vital, que esperaba llegar a medio millón de familias. Son medidas que buscan erradicar la pobreza en el país a través de ayudas públicas del Gobierno, en lugar de facilitar la subida del empleo para reducir el paro y evitar el clientelismo, como defienden desde el PP y Ciudadanos.
Además, las críticas al funcionamiento del IMV son generalizadas e incluso este jueves ha sido el propio sindicato UGT, cercano al PSOE, quién ha calificado la gestión de esta ayuda de «totalmente insuficiente y está mal gestionada». «Se pide la declaración de patrimonio del año 2019 (cuando no había pandemia), la renta garantizada está por debajo del umbral de pobreza severa, no se cuantifican ni gastos de alquiler ni de hipoteca y deja fuera a la población extranjera, uno de los grupos más vulnerables», señala el sindicato.
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