ERC apoya la Ley de Vivienda de Sánchez a cambio de no tocar la norma catalana que protege a los okupas

El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda ha superado este jueves su primera votación en el Pleno del Congreso, gracias al apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). A cambio, el partido independentista ha pedido a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que el Ejecutivo regional mantenga la facultad de dictar normas propias en materia de vivienda. En este sentido, hace sólo dos semanas el Parlamento catalán aprobó su Ley Antidesahucios, que obliga a los propietarios a dar alquiler social a los okupas y la cual, ahora, quedaría protegida con esta petición.

Para sacar adelante la Ley de Vivienda estatal, PSOE y Unidas Podemos han contado con el apoyo de ERC, EH-Bildu, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y Foro Asturias, mientras que la CUP y el BNG se han abstenido. De esta manera, se ha rechazado las enmiendas a la totalidad del PP, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT y Junts, que buscaban frenar su tramitación y devolver el proyecto al Gobierno.

Por otro lado, el Congreso ha rechazado, con votos de PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos, la propuesta alternativa con la que Esquerra Republicana buscaba, entre otras cosas, aclarar problemas competenciales y ampliar las medidas contempladas contra los desahucios. Sin embargo, no ha sido hasta la intervención de su portavoz de Vivienda, Pilar Vallugera, cuando ERC ha confirmado su rechazo a las enmiendas de devolución, no sin antes advertir una serie de exigencias sin las cuales, ha recalcado, la ley no contará con su apoyo.

Entre ellas, ERC pide ampliar los derechos sociales contenidos en la norma, una modificación de la normativa procesal para asegurar un informe de servicios sociales y una alternativa real en casos de desahucios, pero sobre todo evitar cualquier invasión competencial o restricción a la regulación catalana.

Ley Antidesahucios

Hace dos semanas, el Parlamento catalán aprobó su Ley Antidesahucios con los apoyos de ERC, JxCat, la CUP, En Comú Podem y el PSC. Esta normativa obliga a los propietarios a dar alquiler social a los okupas.

La normativa impulsada por la izquierda catalana pretende que las solicitudes de desahucios caigan. Por ello, proponen a los grandes tenedores – sólo a los no vinculados a bancos y fondos de inversión- pedir a la Generalitat que les alquile la vivienda donde vive la familia en riesgo de desahucio a precio de protección oficial. En concreto, los inquilinos se quedarán en el inmueble del arrendador con un alquiler social del que se hará cargo la Administración.

Además, esta ley obligará a la renovación automática de los alquileres sociales de las viviendas de los grandes tenedores cuando éstos lleguen a su fin. Asimismo, contempla alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en casos de extinción de contrato. Esta imposición tendrá que cumplirse durante cinco años si el gran tenedor es persona física; siete años, si es persona jurídica; y doce años si se trata de un banco o un fondo de inversión. Así, un okupa que sea considerado vulnerable estará protegido y tendrá derecho a un alquiler social.