Entra en vigor la nueva tarifa de la bombona de butano con una subida del 4,9%

Este martes ha entrado en vigor la nueva tarifa de la bombona de butano de 12,5 kilogramos, la más tradicional, con una subida del 4,9% -83 céntimos-, hasta un máximo de 17,75 euros, con lo que se anota su séptima revisión al alza consecutiva. Esta nueva subida viene provocada por el alto valor de las cotizaciones de la materia prima, pese a haber disminuido un 9,37 % respecto a la última revisión, el incremento de los fletes (transporte) un 35,21 %, y la depreciación del euro frente al dólar, que retrocede un 2,8%.

Para amortiguar el impacto que esta nueva tarifa de la bombona de butano pueda tener en los consumidores, el Gobierno aprobó hace unos meses en un real decreto un aumento adicional de 100 millones de euros para esta ayuda, con lo que la partida total sube hasta 202,5 millones. Así, el Gobierno amplío de 25 a 35 euros la ayuda mínima que se da por el bono social térmico, cantidad equivalente al coste de dos bombonas de butano, y que en algunos casos puede llegar hasta 370 euros. Según los cálculos del Ejecutivo en aquel momento, la cantidad media que se va a percibir por el bono térmico será este invierno de 90 euros por familia.

El precio de la bombona de butano -envase de gas licuado del petróleo cuyo peso puede oscilar entre 8 y 20 kilos- está regulado y se revisa cada dos meses, concretamente el tercer martes del mes en el que corresponda hacer la actualización. Esta revisión se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes y la evolución del tipo de cambio euro-dólar.

Además, su variación de precio está limitada, tanto al alza como a la baja, al 5%, y el exceso o defecto de precio se acumula para su aplicación en posteriores revisiones. El gas licuado de petróleo (GLP) envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, y actualmente se consumen en España 68 millones de envases de distintas capacidades, de los que 53 millones (un 78%) se encuentran sujetos al precio máximo regulado. El consumo de este combustible se encuentra en retroceso y desde 2009 a 2018 descendió un 20%, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.