Energía seguirá adelante con el decreto para impedir el cierre de las centrales de carbón

El Ministerio de Energía suaviza ligeramente su enfrentamiento con la CNMC y ha dado su mano a torcer en algunos aspectos del real decreto que Álvaro Nadal tiene en marcha para endurecer la normativa para el cierre de las centrales de carbón. Endesa e Iberdrola son dos de las compañías del sector eléctrico que quieren clausurar sus plantas y rechazan el documento del ministro. La cartera de Nadal ha señalado que modificará su proyecto de real decreto para incorporar algunos puntos del informe de Competencia, aunque avisa de que seguirá adelante con ello al considerar que tiene encaje legal y que es una cuestión urgente.

Fuentes de Energía han indicado que en el informe que dio a conocer este miércoles la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) comparte, pese a sus objeciones, la preocupación del ministerio por el impacto que puede tener el cierre de centrales en la competitividad y sostenibilidad del sistema energético.

Además, el ministerio también reconoce que podría afectar al grado de concentración de las centrales activas en el mercado. Está dispuesto, ha señalado, ha incorporar cuestiones que la CNMC dice que hay que revisar, como la metodología de seguridad del suministro o la hibernación de centrales, que considera debe estar en la nueva norma sobre cierres, además de analizar su impacto en el mercado y al medio ambiente.

En cuanto a los mecanismos de pagos por capacidad, que se otorgan para compensar a los operadores por tener disponible una central en caso de necesidad, es un debate que está abierto en Europa y que también modificará el mecanismo de subasta de las centrales cuyo cierre no sea aceptado.

Energía también está dispuesta a definir con mayor precisión el impacto que tiene que tener el cierre de una central en la competencia. Sin embargo, el Ministerio discrepa con la CNMC en que el cambio de la regulación del cierre de centrales según su impacto económico y medioambiental no sea urgente, y trabaja para sacar la norma con celeridad, aunque tenga al sector absolutamente en pie de guerra.

Energía tampoco comparte las consideraciones que sobre la legalidad de la norma hace en su informe la CNMC, a la que considera no le corresponde valorar esa cuestión, que ya analizará el Consejo de Estado, y asegura que el real decreto tiene encaje en el marco normativo europeo y en el nacional.

Estas fuentes han señalado que la norma que se tramita tiene «cobertura legal» y «enganche suficiente en la legislación actual», pese a que la CNMC cuestione que con una norma de menor rango como un real decreto se vaya a modificar una ley, la del sector eléctrico.

En este sentido, han señalado que el artículo 53.7 de la Ley del Sistema Eléctrico de 2013 dice que la Administración sólo puede denegar un cierre cuando no se cumplan los requisitos previstos o tenga una incidencia negativa en el funcionamiento del sistema, lo que, según el ministerio, permite una interpretación más amplia que la circunscrita a la seguridad del suministro.

No obstante, otro apartado de ese artículo señala que el operador del sistema hará un informe en el que se pronunciará sobre si se puede cerrar sin poner en riesgo la seguridad de suministro. Si el Consejo de Estado o la Abogacía del Estado advirtieran que el real decreto tiene riesgos jurídicos se buscará otra vía, y otra formulación o rango legal adecuada, aseguran las mismas fuentes.

El ministerio, que estima que el Consejo de Estado tardará otros tres meses en emitir su informe, sigue siendo partidario en que la norma que regule los cierres de centrales tenga un «respaldo jurídico» con rango de ley. Energía discrepa con las críticas de la CNMC sobre el carácter retroactivo del decreto, que considera que también creará «inseguridad jurídica».

Además, el ministerio considera que no se puede argumentar inseguridad jurídica para evitar que se cambien leyes para acabar con situaciones que no son admisibles.