Endesa llevará a los tribunales la normativa lusa sobre regulación de precios del sector

La eléctrica española Endesa anunció hoy que impugnará la normativa del Gobierno socialista luso sobre la regulación de los precios del sector eléctrico, al considerar que perjudica «a los consumidores, al tejido empresarial y a los productores de energía eléctrica en Portugal».

Según un comunicado, la compañía presentó ayer miércoles en los tribunales la acción de impugnación, ya que asegura que carece de «fundamentación adecuada».

«La ley desvirtúa el mecanismo de equilibro competencial en el mercado eléctrico portugués, cuyo objetivo es garantizar un equilibrio entre las cargas fiscales y parafiscales que recaen sobre los productores portugueses y de otros países con influencia en el Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL)», explica.

Endesa alega que la directriz «retira competitividad» al sector, puesto que resultará en «un aumento de las importaciones de energía eléctrica a costes más elevados para los consumidores», hecho que afectaría negativamente la balanza comercial energética de Portugal.

Además, apunta que su aplicación también conllevaría un encarecimiento del gas natural para consumidores «tanto domésticos como industriales». «Las centrales térmicas portuguesas están dejando de contribuir por su inactividad o menor actividad, fruto de la carga adicional que se les impone mediante la normativa impugnada», advierte.

La normativa 9371/2017, oficial desde el pasado 24 de octubre, fue promovida por el secretario de Estado de Energía, Jorge Seguro Sanches, y anulaba una decisión tomada por el anterior Gobierno conservador en 2015 sobre el recargo de la factura a los consumidores.

En 2013, se estableció el mecanismo llamado «clawback», que obligaba a las eléctricas lusas a devolver parte de sus beneficios al MIBEL, para equiparar los precios con los de España, donde hay una mayor presión fiscal.

Sin embargo, una modificación del Gobierno conservador de Pedro Passos Coelho permitió a Endesa y Energías de Portugal (EDP) cargar a los consumidores las tarifas sociales y de contribución extraordinaria sobre el sector energético como compensación.

De seguir adelante con la nueva normativa, ambas eléctricas deberían pagar un montante conjunto de 90 millones de euros de forma retroactiva, 20 millones de los cuales irían a cargo de la eléctrica española. La compañía recuerda que el efecto retroactivo «representa una violación del principio de confianza, básico en un Estado de Derecho».

Los 70 millones restantes correrían a cargo de EDP, que se va a unir a Endesa en la acción judicial, avanza hoy el portugués Jornal de Negócios. La eléctrica española asegura que ha presentado «propuestas concretas» al Gobierno portugués para mitigar los efectos negativos de la ley anterior, pero que el Ejecutivo no las ha tenido en consideración.

«Al haberse agotado el plazo legal para defensa de los derechos en sede propia, Endesa no tiene más alternativa que avanzar con este proceso», asevera. Endesa está presente en suelo luso desde 1993, cuando entró en funcionamiento la central de carbón de Pego y comenzó a operar como compañía productora de electricidad.