El Tribunal de la UE critica a la Comisión Europea por falta de transparencia al resolver Banco Popular

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 02/07/2021 14:00
  • Actualizado: 02/07/2021 14:25

El Tribunal General de la Unión Europea ha criticado la actuación de la Comisión Europea en  la resolución de Banco Popular, ya que cree que actuó con falta de transparencia en la supervisión del proceso. Asimismo, planteó la posibilidad de invertir la carga de la prueba si los demandantes aportan documentación que demuestre que las cosas no se hicieron como debían.

En el transcurso de varias vistas por las demandas de algunos fondos de inversión tenedores de bonos del Popular, El Tribunal ha planteado que los inversores debieron encontrar alarmante despertarse el 7 de junio de 2017 y ver que sus inversiones habían pasado a valer cero. Y ha preguntado a la Comisión si no debía a los inversores unas explicaciones más amplias sobre la secuencia de acontecimientos que desembocó en la resolución y si no tendría que darles acceso a los documentos, para que puedan entender la base de la decisión.

Una de las mayores críticas de los afectados a la actuación de las autoridades europeas es precisamente la falta de transparencia y que no han podido consultar los documentos completos (sin partes tachadas) de la resolución. La Comisión tiene el deber de supervisar la actuación de la JUR (Junta Única de Resolución), el organismo que decidió la resolución del Popular, la amortización de las acciones y la deuda subordinada, y la venta de la entidad a Banco Santander por un euro.

En especial, los perjudicados (hay más de 90 demandas en el Tribunal europeo por el Popular) critican el informe de valoración elaborado por Deloitte, donde obtenía que el valor de Popular estaba entre -8.000 millones de euros negativos y 1.300 millones positivos. Un rango tan amplio que no tiene ningún sentido, a juicio de los demandantes.

Estos también han argumentado ante el Tribunal que la Comisión solo tuvo 77 minutos para estudiar y aprobar el esquema de resolución de la JUR, pese a su longitud y su complejidad. Asimismo, consideran que el banco tenía un plan de venta de activos y de cobertura de su déficit de liquidez, que saltó por los aires por las «ilegales» declaraciones de la presidenta de la JUR, Elke König, a Bloomberg y Reuters, que provocaron una fuga masiva de depósitos y que, en último término, provocaron su resolución, a su juicio. König ha sido citada por el juez José Luis Calama para declarar en la causa que investiga en la Audiencia Nacional sobre el Popular.

Inversión de la carga de la prueba

El Tribunal General también ha planteado la posibilidad de que deba invertirse la carga de la prueba si los demandantes presentan «argumentos creíbles» de que algo no se hizo como se debía.

Cinco de estos casos han quedado vistos para sentencia, si bien este tribunal se reserva la posibilidad de solicitar más documentación o testimonios si lo considera necesario. Los perjudicados pretenden que determine que la actuación de los organismos europeos (la JUR y la Comisión) no se ajustó a derecho y estuvo plagada de irregularidades, y que en consecuencia la declare nula.