Las telecos ponen a DIGI en la diana y estudian denunciar un presunto ‘dumping’ ante Competencia

La guerra comercial en el mercado español de las telecomunicaciones podría abrir un nuevo frente en los próximos meses, especialmente en lo tocante a DIGI. Varias de las principales operadoras estarían estudiando acudir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que analice la política comercial de DIGI, al considerar que algunas de sus campañas de captación de clientes podrían estar situándose en niveles difícilmente sostenibles desde un punto de vista económico, según trasladan a OKDIARIO distintas fuentes del sector.

Las mismas fuentes sostienen que existe una creciente preocupación por la intensidad de determinadas ofertas de la operadora de origen rumano y por el impacto que estarían teniendo sobre el conjunto del mercado. En ese contexto, varias compañías han comenzado a analizar determinadas promociones, entendiendo que podrían estarse comercializando por debajo de coste, una circunstancia que, en caso de acreditarse, podría ser objeto de análisis por parte de la autoridad de competencia y derivar en la correspondiente sanción.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con DIGI, y desde la compañía aseguran que «compiten y siempre han competido respetando las normas del mercado y de forma rentable». También consideran que los «precios competitivos son fruto de la implementación de un modelo industrial a largo plazo eficiente (red propia de fibra óptica y operaciones con empleo propio)» que «les permite ofrecer mejores precios sin vender por debajo de coste». La mejor prueba, aseguran, «es que la compañía es rentable y obtuvo beneficios en 2025». Respecto de los movimientos de otras operadoras, explican que no comentan «actuaciones de terceros».

Las consultas entre operadores se encontrarían todavía en una fase preliminar y, por el momento, no existiría ninguna denuncia formal presentada. El objetivo sería determinar si existen elementos suficientes para solicitar que la CNMC examine si algunas de estas prácticas comerciales pudieran alterar las condiciones de competencia en el mercado.

Fuentes del sector consideran que la estrategia comercial de DIGI estaría provocando una fuerte presión sobre los precios, obligando al resto de operadores a responder con campañas similares y reduciendo los márgenes de rentabilidad en un momento en el que el sector afronta importantes inversiones en redes e infraestructuras.

Uno de los aspectos que más dudas genera entre las compañías consultadas sería la sostenibilidad financiera de algunas de estas promociones. Según estas fuentes, determinadas ofertas podrían resultar difíciles de compatibilizar con una rentabilidad ordinaria, especialmente en un contexto de fuerte crecimiento comercial y elevada inversión. No obstante, subrayan que correspondería exclusivamente a la CNMC determinar, en su caso, si existe algún indicio de una conducta contraria a la normativa de competencia.

La posible actuación de los operadores coincidiría, además, con una etapa especialmente relevante para DIGI, inmersa en la reactivación de sus planes para salir a Bolsa en España y en una estrategia de expansión que ha intensificado la competencia en el mercado de las telecomunicaciones.

Los precedentes en Rumanía

La estrategia comercial de DIGI también ha sido objeto de escrutinio en su mercado de origen. En Rumanía, la compañía ha protagonizado durante años una intensa competencia basada en precios muy reducidos, una política que ha contribuido a incrementar su cuota de mercado y a consolidarla como uno de los principales operadores del país, al tiempo que ha elevado la presión competitiva sobre el resto del sector.

Ese historial explica que cualquier nueva controversia regulatoria sea seguida con especial atención por el mercado. Aunque la política de precios agresivos forma parte del ADN comercial de la compañía, una eventual actuación de las autoridades de competencia en España supondría un escenario distinto y obligaría a analizar si determinadas ofertas respetan la normativa vigente o si, como sostienen algunas fuentes del sector, pudieran existir indicios suficientes para justificar una investigación por parte de la CNMC.