El otro ‘caso Plus Ultra’: Vivanta vende sus clínicas tras recibir 40 millones públicos sin devolver el rescate

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene otro rescate millonario de la SEPI que, cuatro años después, continúa rodeado de interrogantes. Se trata de Vivanta, la cadena privada de clínicas dentales a la que el Ejecutivo concedió 40 millones de euros de dinero público en 2022 a través del mismo Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) utilizado para rescatar, entre otras compañías, a Plus Ultra.

Ahora, cuatro años después de recibir el dinero, las antiguas clínicas Vivanta van a cambiar de manos sin que previamente se haya devuelto el rescate público que permitió sostener el grupo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de tramitar la operación de adquisición de control exclusivo denominada Donte/Activos Aestes-Apollonia. Entre las sociedades adquiridas figuran Aestes Dental (la antigua Cartera Vivanta), Clínicas Vivanta, Vivanta Canarias y Vivantadental, además de otras compañías del grupo. La adquirente es Fairy Investments Topco.

El caso resulta especialmente llamativo por la historia del dinero público que permitió mantener en pie a Vivanta. El Consejo de Ministros autorizó el rescate el 27 de junio de 2022 por un total de 40 millones: 20,4 millones mediante un préstamo participativo y otros 19,6 millones mediante un préstamo ordinario.

La cantidad permite hacerse una idea de la magnitud de la operación. Ese mismo año, los Presupuestos Generales del Estado contemplaban 44 millones de euros para ampliar la cartera de servicios de salud bucodental pública en toda España, según recordó posteriormente el Consejo General de Dentistas ante la Audiencia Nacional. Es decir, el Gobierno destinó a rescatar una única cadena privada de clínicas dentales casi tanto dinero como había presupuestado para ampliar las prestaciones públicas de salud bucodental en todo el país.

¿Por qué era «estratégica»?

Pero la principal controversia del rescate comenzó con una pregunta del Colegio de Dentistas que cuatro años después continúa siendo fundamental: ¿por qué una cadena privada de clínicas dentales fue considerada una empresa «estratégica» para España y merecedora de 40 millones de dinero público?

El Consejo General de Dentistas pleiteó por la respuesta. El 8 de julio de 2022 solicitó a la SEPI todos los informes y documentos utilizados para declarar a Vivanta empresa estratégica y concederle el rescate. La SEPI rechazó facilitar la documentación.

El Consejo de Transparencia terminó dando la razón a los dentistas en mayo de 2023 y reclamó a la Administración que entregara los «informes y documentos» en los que se reflejara la consideración de Vivanta como empresa estratégica.

La reacción de Hacienda y la SEPI no fue hacer públicos esos informes, sino recurrir la resolución ante la Audiencia Nacional.

La batalla por conocer el expediente resulta todavía más relevante porque el Consejo General de Dentistas puso sobre la mesa otra circunstancia: Vivanta ya registraba pérdidas antes de la pandemia.

En su contestación judicial, la organización colegial sostuvo que acceder a los informes permitiría comprobar si Vivanta cumplía realmente los requisitos establecidos para recibir la financiación pública, precisamente porque «contaba con pérdidas antes de la pandemia». También cuestionó qué justificaba que fuese considerada una empresa estratégica merecedora de financiación pública.

La organización volvió a reclamar explicaciones este mismo marzo. Recordó que la deuda había sido aplazada hasta julio de 2028 y denunció lo que considera una situación de «privilegio» frente a pequeñas clínicas y autónomos que tuvieron que financiarse en el mercado privado.

El Gobierno volvió a aplazar la deuda

La devolución de los 40 millones tampoco ha seguido el calendario inicialmente previsto.

Las cuentas consolidadas de Aestes correspondientes a 2024 revelan que el 21 de mayo de ese año se renovó la deuda con el FASEE para agrupar todos los pagos pendientes, tanto principal como intereses, en un único vencimiento final fijado para el 6 de julio de 2028.

Y el pasado abril, apenas unos meses antes de conocerse la operación sobre las clínicas, el Gobierno volvió a intervenir.

El Consejo de Ministros del 21 de abril de 2026 autorizó una nueva novación de la financiación de Aestes Dental. El FASEE permitió «recalendarizar» la deuda y convertir parcialmente el préstamo participativo en ordinario. El Ejecutivo justificó la decisión como una flexibilización destinada a que la compañía pudiera reestructurar su deuda y recuperar su viabilidad y aseguró que se realizaría «sin merma de los caudales públicos».

Sólo unos meses después llega la operación corporativa sobre las antiguas Vivanta.

La CNMC identifica a Aestes Dental, Clínicas Vivanta, Vivanta Canarias y Vivantadental entre las sociedades objeto de la adquisición de control exclusivo.

El desenlace vuelve así a colocar bajo el foco los 40 millones de los contribuyentes empleados para salvar Vivanta: el Estado declaró estratégica a la compañía, financió su supervivencia, posteriormente aceptó modificar el calendario de devolución y ha mantenido durante años una batalla judicial para evitar entregar los informes que justificaron aquella consideración.

Y ahora, cuatro años después, el negocio de las clínicas cambia de manos mientras el rescate público no ha sido previamente devuelto.

Un caso mucho menos conocido que el de Plus Ultra, que recibió 53 millones del mismo fondo, pero que vuelve a plantear la misma cuestión de fondo: con qué criterios decidió el Gobierno qué empresas privadas eran suficientemente «estratégicas» como para arriesgar decenas de millones de euros de todos los españoles para salvarlas.