El Grupo Lopesan cuestiona la propuesta del administrador concursal sobre la adjudicación en Taurito

• Alba Martín @alba_mrtn
• • 30/01/2026 12:01
  • Actualizado: 30/01/2026 13:00

Isla Marina, S.L., sociedad integrada en el Grupo Lopesan y adjudicataria en el concurso de acreedores de Mar Abierto, S.L., ha expresado su rechazo a la actuación del administrador concursal Amalio Miralles Gómez, de la firma Lener Abogados, tras conocerse su propuesta de alterar el resultado de una subasta judicial ya concluida en relación con los activos hoteleros del valle de Taurito y el hotel Las Tirajanas.

La subasta pública, gestionada por la empresa especializada CEBRE, concluyó con la adjudicación de casi la totalidad de los lotes a Isla Marina, S.L., —el lote 5 fue para “Servatur Hotels”— que presentó la oferta económica global más elevada del procedimiento, comprometiendo una inversión total cercana a los 100 millones de euros mediante su concurrencia al conjunto de los activos subastados.

En particular, en el denominado Lote 1 integrado por los activos hoteleros del valle de Taurito y el hotel Las Tirajanas, Isla Marina resultó igualmente la mejor postora, conforme a las reglas objetivas de la subasta y a la valoración efectuada en el marco del procedimiento concursal.

Pese a existir una resolución judicial válida y plenamente ejecutiva que cerró el proceso de adjudicación, el administrador concursal ha planteado la posibilidad de que los activos incluidos en el Lote 1 sean finalmente adjudicados a un licitador distinto del adjudicatario resultante de la subasta, lo que supondría reabrir de facto un procedimiento ya finalizado y al margen de los principios de igualdad, transparencia y seguridad jurídica que lo rigen.

Las sociedades adjudicatarias consideran que esta propuesta invade competencias exclusivas del órgano judicial y genera una grave inseguridad jurídica, con impacto directo sobre la estabilidad de los trabajadores, los acreedores y la confianza de inversores y operadores turísticos.

Fuentes jurídicas consultadas recuerdan que, al no existir plan ni reglas especiales de liquidación y tratarse de una subasta realizada a través de entidad especializada, debe prevalecer el mejor postor salvo la existencia de un perjuicio grave y debidamente acreditado, extremo que no consta objetivado ni cuantificado en el informe del administrador concursal.

La controversia no reside en la solvencia de los licitadores concurrentes, sino en que Isla Marina resultó vencedora de la subasta tanto en términos globales como en el Lote 1, presentando la mejor oferta conforme a los criterios establecidos. El propio informe del administrador concursal reconoce que Isla Marina fue la mejor postora y que los licitadores acreditaban solvencia suficiente y capacidad para asumir las contingencias del proceso.

El informe introduce criterios no objetivables, como la denominada «continuidad natural», el conocimiento previo de determinadas instalaciones o la pertenencia al grupo gestor actual, factores que no figuraban en las bases de la subasta y que suponen una introducción sobrevenida de criterios ajenos al procedimiento, con el consiguiente riesgo de vulneración del principio de igualdad entre licitadores.

También resulta cuestionable el tratamiento de determinados elementos económicos y laborales, al valorarse de forma desfavorable la oferta de Isla Marina pese a ajustarse plenamente al marco legal vigente y asumir las obligaciones laborales conforme a la normativa aplicable. Asimismo, se advierte una posible desigualdad de trato al ponderarse como elemento positivo la posición previa del actual operador.

El informe otorga especial relevancia a la situación de los trabajadores actualmente integrados en la estructura del grupo gestor, pese a que los licitadores concurrentes garantizaban la continuidad operativa y el mantenimiento del empleo conforme a las obligaciones legalmente exigibles en este tipo de procesos.

Desde el entorno de Lopesan se subraya que se están analizando las actuaciones del administrador concursal y que existen fundamentos suficientes para formular las alegaciones que correspondan, ante una interpretación del interés del concurso que se aparta del resultado objetivo de la subasta.

La inversión comprometida por el Grupo Lopesan, cercana a los 100 millones de euros, representa no solo la oferta económica más elevada del proceso en su conjunto, sino también una apuesta firme por la estabilidad de los establecimientos hoteleros, la continuidad del empleo y el desarrollo turístico de la zona de Taurito, en el municipio de Mogán.