Ausbanc pide a los supervisores que activen los mecanismos de control contra dos banqueros implicados en el caso Villarejo

La acusación particular en el caso Ausbanc ha solicitado a la Audiencia Nacional que traslade a los organismos supervisores financieros la situación procesal de dos altos cargos bancarios implicados en la causa vinculada al caso Villarejo. El objetivo es que se activen los mecanismos de control previstos en la normativa para evaluar su continuidad en puestos de responsabilidad.

El escrito plantea que la eventual apertura de juicio oral a estos acusados, enmarcada en el juicio que Ausbanc mantiene contra BBVA por el caso Villarejo (en la pieza separada número 9 que abrió Luis Pineda, presidente de la asociación), debería conllevar la intervención de autoridades como el Banco de España o la CNMV, al entender que la imputación por delitos de carácter económico afecta directamente a los requisitos de idoneidad exigidos a estos perfiles. Según la acusación, se trata de una cuestión que trasciende el ámbito penal y entra de lleno en la supervisión del sistema financiero. Los acusados tendrían, por tanto, que perder su licencia y capacidad bancaria.

La idoneidad de los directivos, a revisión

El núcleo del planteamiento de Ausbanc se basa en el principio de fit and proper, que obliga a los altos cargos del sector financiero a mantener en todo momento una conducta profesional y personal acorde con los estándares exigidos por la normativa.

En este sentido, el escrito recuerda que la legislación vigente (especialmente la Ley 10/2014 y su desarrollo reglamentario) establece que los directivos deben acreditar honorabilidad, experiencia y conocimientos adecuados. La acusación sostiene que la mera imputación por delitos dolosos, especialmente aquellos relacionados con el ámbito económico, constituye un elemento suficiente para cuestionar estos requisitos.

Además, se subraya que la evaluación de la idoneidad no es estática, sino continua, lo que obliga a revisar cualquier circunstancia sobrevenida que pueda afectar a la honorabilidad de los responsables de entidades financieras.

Ausbanc pide inhabilitación

Entre las consecuencias que podrían derivarse de esta situación, el escrito señala la posible inhabilitación o remoción de los directivos, así como su baja en el Registro de Altos Cargos del Banco de España. Se trataría de medidas de carácter administrativo, orientadas a proteger la integridad del sistema financiero y la confianza de los inversores.

En paralelo, Ausbanc solicita que la información se traslade no solo a los supervisores nacionales, sino también a las autoridades europeas, como la Autoridad Bancaria Europea y el Banco Central Europeo. El objetivo es garantizar una respuesta coordinada en el marco del sistema de supervisión bancaria de la Unión Europea.

La petición se produce en un momento procesal clave, a las puertas de una posible apertura de juicio oral, y pone el foco en las implicaciones regulatorias de un caso que, más allá de su vertiente judicial, podría tener consecuencias directas en la gobernanza del sector financiero.

Los directivos señalados en el escrito

El documento identifica expresamente a dos responsables del ámbito bancario: Eduardo Ortega Martín, que desempeñaba funciones como director de los servicios jurídicos, y Óscar Santos Touche, vinculado al área de disciplina de seguridad en la red comercial e infraestructuras. Ambos aparecen como figuras con responsabilidades clave dentro de la estructura de control y cumplimiento, lo que, según la acusación, refuerza la necesidad de que los supervisores evalúen su idoneidad ante la relevancia de sus funciones y el impacto potencial en la gobernanza de la entidad.