Los empleados públicos se libran del ajuste salarial que ha hundido un 15% los sueldos privados
Las CCAA han incrementado su personal en 134.000 empleados desde 2008
El Banco de España pide la intervención de las CCAA derrochadoras
Los empleados que trabajan para las diferentes Administraciones Públicas se han librado del enorme ajuste que han sufrido los salarios en España durante la crisis económica. Mientras que los trabajadores del sector privado han experimentado un recorte del 15% de la masa salarial desde 2008, la del sector público se ha reducido un escaso 0,5%.
Así lo reflejan las estadísticas del Ministerio de Hacienda, que revelan que los sueldos que pagan las empresas ascendieron a poco más de 237.200 millones de euros al cierre de 2015, lo que representa un descenso del 15% respecto a los contabilizados siete años antes. En cuanto a la masa salarial de los empleados públicos, se situó en casi 85.500 millones de euros, prácticamente la misma cifra que en 2008.
En cuanto a los sueldos individuales, los trabajadores que desempeñan su labor en la Administración Central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen un salario medio de casi 34.000 euros. Esta cantidad está muy lejos del sueldo medio del sector privado (22.450 euros) o de los ingresos que declaran los autónomos (28.450 euros).
En términos globales (sumando sector público y privado) la masa salarial ha caído un 12% en España desde 2008, con un volumen de casi 323.000 millones de euros. Este ajuste se ha producido por la necesidad que ha tenido la economía nacional de incrementar la competitividad. Ante la imposibilidad de recurrir a la vieja receta de devaluar la moneda sólo hay dos opciones: que cada trabajador produzca más y/o que se rebaje el coste de los bienes y servicios.
Sin embargo, los datos revelan que este ajuste ha dejado fuera al sector público, a pesar de que es precisamente el que debe redimensionarse ante las dificultades presupuestarias. La Administración Central y los ayuntamientos han reducido sus plantillas durante los años de crisis, pero las comunidades autónomas han aumentado sus efectivos en 134.000 personas desde 2008. Esto es precisamente lo que critican organismos como el Banco de España, que en su informa anual publicado el pasado julio reclamaba al Gobierno que metiera en cintura a los gobiernos regionales para reducir la brecha fiscal.
No es la única institución que alerta sobre el excesivo gasto de las regiones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) critica al departamento que dirige Cristóbal Montoro por su “laxitud”a la hora de hacer que los gobiernos autonómicos se ajusten, y cita expresamente los casos de Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha.
Según el informe publicado por la AIReF a mediados del pasado julio, si Hacienda hubiera actuado con diligencia“la ejecución de los presupuestos autonómicos aprobados habrían permitido alcanzar un déficit inferior al 0,7% del PIB si recortar su nivel de gasto”, pero “la aplicación de la misma propuesta del Ministerio para todas las CCAA ha conducido a que casi todas ellas prevean agotar el margen dado por la flexibilización del déficit, sin que la regla de gasto haya actuado como elemento de contención”.
Además, la institución (creada por exigencia de Bruselas tras la firma del memorando previo al rescate del sector financiero) asegura que “no se han instrumentado los acuerdos de no disponibilidad por parte de las CCAA”, una de las medidas estrellas anunciadas por el Ejecutivo para recortar el gasto público. La AIReF critica también que se haya mantenido el salvavidas a los gobiernos regionales (el Fondo de Liquidez Autonómico, FLA), sin que estos hayan aprobado los correspondientes planes de ajuste.
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