El Tribunal de Cuentas pidió el cierre de Acuamed hace un año y tres meses

El análisis que hizo en 2014 el Tribunal de Cuentas sobre las sociedades estatales de agua, incluyendo Acuamed, resultó demoledor. La institución planteaba el cierre de estas entidades y advertía de los sobrecoges en que incurrían por los errores a la hora de planificar sus inversiones.

El 29 de septiembre de 2014 el Tribunal de Cuentas aprobó su Informe de fiscalización de los convenios de gestión directa vigentes entre las Sociedades Estatales de Aguas y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino durante los ejercicios 2010-11, entre las que se incluye Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), parte de cuya dirección fue detenida este lunes por la Guardia Civil.

Las recomendaciones de la institución eran contundentes, llegando a recomendar que se planteara cerrar esas entidades, de las que se señalaba que estaban sometidas a un menor control legal que otras instituciones públicas. En concreto, el informe dice: “Sería recomendable que se valorara la necesidad de seguir manteniendo esta modalidad de instrumentos de gestión, en particular si se tiene en cuenta que estas Sociedades se encuentran sometidas en un grado significativamente menor que la Administración General del Estado a las normas del derecho presupuestario y administrativo”.

La segunda conclusión apuntaba a que el modelo de gestión generaba sobrecostes en las inversiones y la falta de realismo a la hora de diseñarlas: “Se deberían poner en marcha medidas y procedimientos que ayuden a efectuar una previsión más realista del diseño, los plazos y los costes de las actuaciones, minimizando las desviaciones en la ejecución de los presupuestos motivadas por errores y defectos habidos en la fase de planificación de las inversiones”.

El Tribunal de Cuentas denunciaba en su informe que existía una “falta de coherencia” entre los datos que aporta el anexo de inversiones reales de las sociedades de agua y los que recogía el Plan Especial de Seguimiento y Control de Objetivos, un instrumento creado para el seguimiento de la actividad y de los resultados de estas Sociedades.

Un ejemplo concreto de sobrecoges que presenta el informe es el de la desoladora de Almazora, en la provincia de Almería, con una inversión total de 80.861 millones de euros. Según el informe, además del contrato principal, se redactó un modificado por importe de 11.270 miles, con un sobrecoste del 31,2% sobre el contrato adjudicado y un contrato de obras complementarias por valor de 6.840 miles para realizar una toma auxiliar a los pozos previstos en el proyecto porque no garantizaban la captación del agua prevista.