Los economistas alertan de que la reforma concursal del Gobierno genera aún más confusión

Los economistas han advertido de que el texto refundido de la Ley Concursal aprobado por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez este martes puede generar confusión en un momento como el actual y generar problemas con los escritos y formularios que hay que presentar en los procedimientos de insolvencia. La norma entrará en vigor el 1 de septiembre de 2020 pero los economistas piden que se retrase hasta el 1 de enero de 2021.

Pese a que el Registro de Economistas Forenses (REFOR) ya había advertido de este problema y había solicitado posponer su publicación, el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes este Real Decreto Legislativo y ha sido publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado.

La portavoz del Gobierno Montero había indicado el martes que había abundante normativa de la Unión Europea en materia concursal y un «prolijo» desarrollo de la misma que «obligaba a plantear el decreto legislativo». Su intención: «clarificar». El problema es que finalmente, según los expertos, la nueva normativa complica más que aclara.

Los economistas solicitan que su entrada en vigor sea el 1 de enero de 2021 –y no el 1 de septiembre de 2020–, en coincidencia con la fecha hasta la que se ha aplazado la obligación de que las empresas insolventes puedan declararse en concurso y al objeto de que los operadores puedan adaptarse a los numerosos cambios introducidos. No obstante, consideran que la fecha del 1 de septiembre podría mantenerse en el caso de los acuerdos de refinanciación, al objeto de agilizarlos con motivo de la crisis generada por el COVID-19

Así mismo, consideran el texto refundido de la Ley Concursal «relega aspectos muy importantes –como las condiciones para ser administrador concursal– al albur de un futuro desarrollo reglamentario, lo que introduce una gran inseguridad jurídica y en el mercado por la imposibilidad de comprobación de la experiencia de los candidatos, por lo que sería necesario que los profesionales actualmente habilitados vuelvan a ser incluidos en la próxima reforma legislativa –como, por ejemplo, en la transposición de la Directiva de Insolvencia–».

Según el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, «el texto refundido de la Ley Concursal mejora algo la interpretación de la Ley Concursal, pero no incluye reformas profundas de calado, que son las necesarias».

Pich ha manifestado que «dadas las circunstancias actuales, sería favorable una regulación adicional que impulse la segunda oportunidad, pues los afectados más vulnerables son las personas físicas en situación desfavorecida, los autónomos y los pequeños emprendedores».