Los directivos del Proyecto Castor declaran que nadie percibió temblores en las inyecciones de gas

El presidente de Escal UGS y su consejero delegado, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, acusados en el juicio por los seísmos provocados por la inyección de gas en el proyecto Castor en septiembre de 2013, han declarado este lunes que durante ese proceso «nadie percibió el más leve temblor». La actividad que llevó a cabo la empresa en 2013 «no ha alterado» la peligrosidad en la falla de Amposta, han declarado en el que desde este lunes se sigue desde este lunes contra ellos en la Audiencia de Castellón.

Asimismo defendieron que la peligrosidad de esa falla sigue siendo la más baja de España, a la vez que dijeron que durante el proceso se cumplieron todos los protocolos de seguridad. Del Potro ha explicado, a preguntas de la fiscal, que se conocía la existencia de microsismicidad en la zona pero que se daba la misma en dos ejemplos en plantas que todavía funcionan.

Añadió que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) había determinado que lo mayor que podía producirse en la zona de inyección (frente a las costas de Vinaròs) era un seísmo de 4,7 grados, una cifra «lejos de suponer un riesgo real». El proyecto Castor, que se clausuró en 2017, obtuvo una concesión administrativa en 2008 para explotar un almacén subterráneo de gas que aprovechaba la estructura geológica d eun antiguo yacimiento de petróleo de Amposta.

La inyección de gas bajo tierra realizada en septiembre de 2013 frente a la costa de Vinaròs provocó más de 500 seísmos. Algunos de ellos fueron sentidos por la población y nueve causaron «daños de consideración» en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu (Castellón), y en Amposta y Sant Carles de la Ràpita (Tarragona), señala el auto de apertura de juicio oral del juzgado de Vinaròs. Un total de 123 afectados por estos seísmos provocados por el proyecto Castor reclaman a la empresa concesionaria Escal UGS 1,84 millones de euros por lo daños morales producidos por «la ola de pánico generalizado» consecuencia de los 552 seísmos detectados en las poblaciones afectadas.

Un proyecto nada rentable y dañino

El proyecto Castor, cuyo juicio ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial de Castellón para depurar responsabilidades por los daños supuestamente causados a 123 afectados y por delitos contra el medio ambiente, fue una concesión administrativa otorgada en 2008 para la construcción y explotación del mayor almacén subterráneo de gas natural, sumergido en un antiguo campo petrolífero marino frente a las costas de Vinaròs (Castellón).

Dicha concesión fue aprobada por el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)y en septiembre de 2013 el Ejecutivo de Mariano Rajoy (2011-2018) ordenó paralizarlo por estar relacionado con varios centenares de movimientos sísmicos en la zona. En 2014 se puso fin a la concesión de la obra y se decidió indemnizar a la empresa constructora, Escal UGS, que estaba participada mayormente por la sociedad ACS, con una transferencia de 1.350 millones de euros financiados por un crédito de los bancos Santander, CaixaBank y Bankia, que también eran inversores.

En 2017 se clausuró el proyecto y, tras una sucesión de decisiones sobre las indemnizaciones en los tribunales, en 2020 el Tribunal Supremo reconoció a los bancos esa cuantía y el actual Gobierno aprobó su desembolso, vía emisión de 638 millones, en deuda pública y los restantes en otros créditos del Estado.