Díaz negociará la reforma del subsidio de desempleo tras aprobar el salario mínimo sin consenso
La CEOE ha rechazado las propuestas de Díaz de elevar el salario mínimo un 4% en 2024
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que se reunirá con los agentes sociales de forma «inmediata» para negociar la reforma del subsidio de desempleo tras el rechazo parlamentario de la medida. Sin embargo, la líder de Sumar apela al consenso en esta materia justo después de haber excluido a la patronal de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) e imponer un aumento del 5%.
La CEOE ha rechazado las propuestas de Díaz de elevar el salario mínimo un 4% en 2024 al no incluir las principales líneas rojas de la patronal. El Ejecutivo amenazó a los empresarios con aumentar el SMI cerca del 5% si no aceptaban su postura. Esta subida elevará el coste por cada empleado a pymes, autónomos e incluso a las familias que tienen contratada una empleada del hogar en 1.260 euros anuales.
La incapacidad de Díaz de llegar a un acuerdo con los agentes sociales no le ha impedido volver a convocarlos para negociar el subsidio de paro. «Este viernes vamos a cerrar la Mesa del Diálogo Social en torno al SMI y, en cuanto la subida se produzca, convocaremos con carácter inmediato a los agentes sociales para trabajar con tiempo en una reforma que es muy positiva para nuestro país», ha declarado la ministra este jueves en Bélgica, lugar en el que participa en una reunión informal de los ministros de Empleo y Política Social de la Unión Europea.
Por tanto, Díaz prevé cerrar los acuerdos sobre la subida del SMI con la patronal y los sindicatos mientras una de las partes afirma que no cede ante el chantaje. De hecho, la CEOE aseguró el pasado lunes tras las negociaciones que estudiará la propuesta, pero fuentes internas de la patronal aseguraron a OKDIARIO que «será difícil» que se apoye esa subida del 4% aunque implique que el Gobierno pacte con los sindicatos un incremento del salario mínimo del 5%. «No aceptamos chantajes», sentenciaron las mismas fuentes.
La reforma del subsidio de desempleo
La ministra también ha destacado este jueves que la modificación del subsidio de desempleo, la cual fue rechazada el miércoles con votos en contra de PP, Vox y Podemos, es «la única» que el Gobierno no pudo someter al diálogo social, ya que debía aprobarse antes del 31 de diciembre. Esta reforma estaba vinculada a una de las medidas requeridas para la solicitud del cuarto pago del fondo anticrisis europeo, que permitiría a España recibir otros 10.000 millones de euros.
«Ahora sí, abriremos la Mesa Diálogo Social y esta reforma va a estar acordada con los agentes sociales», ha insistido la ministra, quien ha aprovechado este jueves para acusar a Podemos de haber «golpeado» a los trabajadores «de la mano de PP y Vox».
A pesar de su rechazo este miércoles, la implementación de la reforma del subsidio estaba programada para el 1 de junio de 2024. Por lo tanto, la falta de convalidación no afecta de inmediato a los beneficiarios del sistema de protección por desempleo de nivel asistencial.
De haberse llevado a cabo las pretensiones de Díaz, el gasto público hubiera aumentado en 648 millones de euros en 2024, según la memoria económica del decreto ley. Por tanto, el gasto se hubiera situado en unos 4.586 millones de euros año, lo que suponía una disminución de 101 millones de euros con respecto a la anterior legislación.
La reforma incluía a nuevos colectivos en la ayuda. Estos eran los menores de 45 años sin cargas familiares que han agotado al menos 12 meses de prestación contributiva, los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura y los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla. Además, la medida elevaba el subsidio, actualmente de 480 euros o el 80% del Iprem, a 570 euros durante los seis primeros meses (95% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis siguientes (90% del Iprem). Después de ese año el subsidio se hubiera quedado en 480 euros hasta su extinción con un tope de 30 meses, dependiendo de la edad, circunstancias familiares y de la duración de la prestación agotada.
Sin embargo, este decreto no ha sido capaz de convencer al arco parlamentario. Por tanto, las medidas de Díaz fueron rechazadas, algo que la ministra pretende arreglar con la legitimación que le daría un apoyo de los agentes sociales, algo que la líder de Sumar no ha conseguido con la subida del salario mínimo.
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