Los detectives denuncian que Escrivá les deja al margen de la lucha contra el fraude laboral

El nuevo plan del Gobierno para luchar contra el fraude laboral se subcontratará: la Seguridad Social contará con una de las grandes consultoras para vigilar a los trabajadores y a las compañías, que están afrontando graves dificultades económicas durante la crisis del coronavirus. Sin embargo, los detectives privados han elevado la voz de alarma.

Mientras que el Ejecutivo afirma en público que la lucha contra la economía sumergida es clave para mejorar los ingresos, en la realidad esta partida aporta escasos millones a las arcas públicas, sobre todo en un país que va a tener un déficit de más del 14% y una deuda pública de más del 120% si se cumple el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional.

Para muestra un botón: el último plan contra el fraude -en este caso fiscal- incluido en la hoja de ruta presupuestaria del Ejecutivo apenas ingresará 800 millones extra, a pesar de que España ha perdido casi 15.000 millones de euros en recaudación de impuestos por el coronavirus, con datos de la propia Agencia Tributaria.

Mientras tanto, la Tesorería General de la Seguridad social está ultimado la contratación de un servicio de consultoría estratégica a Accenture, según ha informado este lunes El Confidencial. Aunque el gremio de detectives privados ha elevado la voz de alarma: aseguran a OKDIARIO que este contrato «huele fatal» y que no es lógico que se saque una licitación hecha a medida para las big four o para multinacionales de consultoría cuando, en realidad, ellos son los que hacen el trabajo.

Ponen el ejemplo de las mutuas, que tienen que sacar licitaciones cada uno o dos años a nivel nacional para contratar a detectives privados, una profesión muy regulada -«hiperrregulada», dicen-  que es la que de verdad tiene medios para descubrir si un trabajador es un falso autónomo porque en realidad va todos los días a la sede de la compañía donde está contratado o si ante una baja laboral el absentismo está realmente justificado o no. «¿Cómo va a probar este fraude una consultora?», explican los detectives.

«Nos sentimos desplazados»

Los detectives privados se quejan de que se hayan quedado fuera del contrato para descubrir nuevos focos de fraude: «Nos sentimos desplazados, a pesar de que estamos sometidos a una regulación exhaustiva», remachan.

El Gobierno creó en 2019 un observatorio para luchar contra el fraude de la Seguridad Social. Se reunió en enero de este año para aprobar las reuniones ordinarios, aunque la pandemia ha podido trastocar todos los planes de este foro, ya que no hay nuevas noticias desde entonces.

Asimismo, el Gobierno dispone de un buzón anónimo para denunciar a la inspección de trabajo y de la Seguridad Social posibles fraudes.

Mientras tanto, centenares de miles de empresas se encuentran con problemas de tesorería y muchas de ellas se plantean hacer despidos cuando acabe la prohibición de despedir de seis meses, ante las graves dificultades financieras que afrontan.