La demanda de seguros de impago de alquiler se dispara tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda

• Nayara Mateo @nayamateo
• Redactora de economía, especializada en el sector inmobiliario, turismo, consumo y distribución. Antes en Expansión, Efe y Brainsre.news.
• • 05/06/2023 06:45
  • Actualizado: 05/06/2023 06:45

El interés de los arrendadores por contratar seguros de impago de alquiler se ha disparado en las últimas semanas, coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda. El temor a que el inquilino deje de pagar y la dificultad para poder recuperar el inmueble se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para muchos propietarios que tienen pisos en alquiler.

«Existe una preocupación generalizada tanto entre los propietarios de una única vivienda como quienes tienen varios inmuebles. La petición de información del seguro de impago de alquiler lleva creciendo desde principios de mayo y actualmente está en un 30% por encima de la media», aseguran desde el Observatorio Español de Seguro de Alquiler (OESA).

Por su parte, la aseguradora Allianz también ha detectado que el interés de los arrendadores por la contratación de seguros de impago de alquiler ha aumentado en las últimas semanas por la aprobación de la nueva Ley de Vivienda.  Desde la empresa consideran que este mayor interés se debe «a la necesidad de los propietarios de sentirse tranquilos ante eventualidades que pudiesen surgir». «Esta necesidad es especialmente importante para los pequeños propietarios que cuentan con sus inmuebles como una vía para canalizar sus ahorros», matiza la aseguradora.

Las preguntas más frecuentes son si los seguros actuales y sus coberturas seguirán sirviendo con la nueva ley, si va a aumentar el tiempo de lanzamiento y es necesario incrementar el periodo de cobertura, según explican desde OESA.

El sector asegurador coincide en que hay una «preocupación generalizada» tanto entre los propietarios de una única vivienda, cuyos ingresos mensuales están comprometidos por el arrendamiento, como entre aquellos que disponen de cinco pero que no tienen claro si serán considerados grandes tenedores al no conocerse aún las zonas tensionadas.

Desahucios

La mayor preocupación que se detecta en el mercado es el posible aumento de tiempo de lanzamiento de los inquilinos. Desde OESA afirman que «el temor es muy real» y que «en caso de vulnerabilidad se pedirá documentación y conciliación previa ante instituciones que aún no existen, lo que provocará retrasos de, al menos, tres meses de media». Por lo que las aseguradoras se ha comenzado a alertar a los propietarios a que aumenten sus coberturas de sus seguros hasta 18 meses para estar protegidos.

También se está insistiendo en la necesidad de prestar mayor atención a selección de los inquilinos. Especialmente si la zona es tensionada donde los requisitos son mayores -el inquilino que destine más del 30% de los ingresos a renta y suministros se considerará vulnerable. Por lo que es fundamental acudir a un mediador especializado y huir más que nunca de los falsos seguros.

Ralentización

Por su parte, el sector inmobiliario ha detectado que los pequeños inversores paralizan las compras de pisos para destinarlos a alquiler por la Ley de Vivienda. «La inseguridad que genera el nuevo marco regulatorio y las dificultades que puede suponer recuperar su vivienda» es una de los principales motivos, según explica Montserrat Junyent, presidenta de FADEI (Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias).

Los agentes inmobiliarios aseguran que esto ya sucedió en Cataluña cuando se aplicó la normativa que limitaba el precio del alquiler. «La ley de contención de rentas en Cataluña provocó una caída en el número de  pequeños inversores que compraban una vivienda para destinarla al alquiler», asegura Carles Sala, portavoz y responsable de Asesoría Jurídica de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña.

De igual manera, se prevé que la Ley de Vivienda provoque un traspaso de producto del mercado del alquiler al de compraventa. Pero hay un porcentaje de operaciones que no se van a realizar porque los pequeños inversores han frenado la adquisición de vivienda para destinarla alquiler.