Da igual quien gobierne: Bruselas fija el programa económico del próximo Ejecutivo

Da igual quien gobierne. Bruselas ya ha establecido en sus recomendaciones los deberes que tendrá que abordar el próximo Ejecutivo en su reválida a partir de septiembre.

La principal crítica de la Comisión Europea consiste en que España no ha abordado un esfuerzo estructural para reducir el déficit. Casi toda la rebaja del déficit desde el 5,8% de 2014 al 5,1% de 2015 se ha producido por el aumento de ingresos generado por la mejora de la economía. Nada de ajustes o recortes. Es más, se ha incumplido la regla de gasto recogida en la Constitución que establece que los desembolsos no pueden repuntar más que el crecimiento medio de la economía. Bruselas llama especialmente la atención sobre el hecho de que aumente el gasto farmacéutico pese a las medidas aprobadas por el Ejecutivo para contenerlo. Y ello incluso habiendo excluido el impacto de los tratamientos de la hepatitis C.

Concretar los recortes

En opinión del Ejecutivo comunitario, el Gobierno español tiene que concretar más los acuerdos de no disponibilidad para las CCAA y la Administración Central. Si consigue implementar de manera efectiva estas medidas, entonces no tendrá que aplicar ningún nuevo ajuste este año para conseguir el 3,6% de déficit marcado en el Plan de Estabilidad ó el 3,7% que pide Bruselas.

Cosa distinta ocurre con el año que viene. Para entonces el Gobierno español prevé alcanzar el 2,9% de déficit sin tomar medida alguna. Tan sólo por la fuerza del ciclo económico. Pero con la vista puesta en 2017 Bruselas se ha puesto dura, y ha exigido un 2,5% de déficit en lugar del 2,9% contemplado por Madrid. Es decir, un ajuste de 4 décimas de PIB o 4.000 millones siempre que este año se hayan aplicado en su totalidad los acuerdos de no disponibilidad. De no concretarse éstos como requiere Bruselas, entonces el déficit se dispararía al 3,1% y el ajuste del siguiente Gobierno debería ascender a los 6.000 millones.

Otro campo donde Bruselas pone el foco es el de la contratación pública a pesar de los esfuerzos llevados a cabo para racionalizarla. La Comisión advierte sobre todo del abuso de los modificados, la costumbre de partir los contratos y la disparidad de estándares entre Administraciones.

Demasiada temporalidad

Respecto al mercado laboral, la Comisión alaba las reformas emprendidas. Sin embargo, subraya que el crecimiento del empleo se está apoyando demasiado en la contratación temporal, si bien la indefinida ya crece aunque lentamente. A juicio de los analistas del Ejecutivo europeo, se aprovechan poco los incentivos para la contratación fija y, en consecuencia, las oportunidades de que un temporal pase a indefinido siguen siendo bajas. Bruselas alerta del riesgo de que se enquiste el problema del paro de larga duración, lo cual exige la apropiada combinación de políticas pasivas y activas para mejorar la formación de los desempleados.

Los hombres de negro critican la escasa capacidad de los Servicios Públicos de Empleo para prestar apoyo individualizado a los desempleados; la falta de cooperación con agencias de colocación privadas; la desigual coordinación por regiones entre los servicios sociales y los de empleo y la imposibilidad para trasladar las ayudas sociales de una región a otra, lo que según la Comisión dificulta la movilidad laboral. Para colmo, el Ejecutivo comunitario argumenta que la efectividad de las ayudas sociales a familias y vivienda permanece limitada.

Por otra parte, la Unión Europea reprocha a España que no haya suficiente oferta de empleos para los graduados universitarios. En este sentido, se censura que sea tan débil la cooperación entre las universidades y las empresas, en especial por la rigidez de la gobernanza de las universidades y la reducida movilidad de los académicos.

Como resultado, falla la relación entre el sector privado y el público a la hora de colaborar en iniciativas de I+D. En España, la inversión sobre PIB en I+D continúa en declive, sostiene la Comisión. Entre las razones que alega, señala que apenas se usa el capital semilla, que las instituciones que tienen que promoverla están fragmentadas por regiones y que la dotación de fondos públicos no está normalmente vinculada al rendimiento.

Por último, la Comisión conmina al Gobierno a que tome medidas para facilitar que las empresas crezcan en tamaño. El Ejecutivo comunitario demanda que se elimine burocracia, que se desarrolle la ley de unidad de mercado y que se apruebe la liberalización de los sectores profesionales. Todo un conjunto de medidas para que el siguiente Gobierno se aplique en los deberes, sea el que sea.