El nuevo cupo: Cinco años más de paz fiscal y privilegios para el País Vasco

Con el visto bueno del Congreso a la reforma de la ley del concierto económico vasco donde se establecen 1.300 millones de euros para 2017 hasta 2021, el Ejecutivo y el PNV sellan cinco años de ‘paz fiscal’.

Tanto el País Vasco como Navarra gozan de un sistema particular, distinto al resto de comunidades, donde recaudan la totalidad de sus impuestos y posteriormente hacen una transferencia al Estado por las competencias no transferidas.  El ejecutivo no tiene intención de incluir este último aspecto en la reforma del modelo de financiación autonómica. La polémica está servida.

El concierto económico nació con un objetivo y con un periodo de caducidad. Lorenzo Ramírez, redactor Jefe de Economía y Empresa de OKDIARIO, explica que “fue creado en 1878 tras la última guerra carlista, con el objetivo de lograr una forma transitoria de integración de los territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya”. El  cupo, añade “se concibió como un sistema provisional de duración limitada a ocho años”.

Nació como un sistema provisional de duración limitada

Entre las novedades de la reforma que se acaba de aprobar, el nuevo cupo vasco recoge los índices de consumo y recaudación aplicables a los ajustes forales a consumo correspondientes a los impuestos indirectos (IVA e Impuestos Especiales).

Para cuantificar el privilegio financiero del concierto económico vasco, cupo vasco,  o en algunos casos llamado ‘pufo’ vasco,  Lorenzo Ramírez, redactor Jefe de Economía y Empresa de OKDIARIO maneja «los cálculos realizados por Mikel Buesa, donde el desfase anual a favor del Gobierno autonómico es de 2.000 millones de euros». La Agencia Tributaria «reduce hasta 1.820 millones», mientras que  «el académico e inspector de Hacienda, Ángel de la Fuente, eleva a 4.500 millones de euros».

Un nuevo concierto económico donde, una vez más, sale ganado el País Vasco y que interesaba cerrar cuanto antes. De esta manera, el Gobierno podía allanar el camino de cara a los Presupuestos Generales del Estado.