El Banco de España reclama más control y transparencia mientras Economía le arrebata poder sobre la lucha contra el blanqueo

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 17/09/2026 05:45
  • Actualizado: 17/09/2026 05:45

El Banco de España se ha lanzado a reivindicar la transparencia, la rendición de cuentas y el control sobre las instituciones públicas justo cuando el Gobierno de Pedro Sánchez prepara una reforma que le hará perder buena parte del papel que todavía mantiene en la lucha contra el blanqueo de capitales. Será el Gobierno el que ahora gestione las demandas del Sepblac, de manera que estará al tanto de todo y cortará la capacidad del Banco de España de actuar de manera independiente al Ejecutivo.

El Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo pretende concentrar estas competencias en la nueva Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), que se levantará sobre la actual estructura del FROB.

La paradoja llega de la mano del Documento Ocasional 2617, publicado este lunes por el Banco de España bajo el título Transparency and accountability as drivers of cultural change. Sus autores analizan cómo deben comportarse los bancos centrales y autoridades supervisoras para mejorar su transparencia y rendición de cuentas. El propio Banco resume la filosofía del estudio afirmando que la independencia de estas instituciones exige que «expliquen sus actuaciones y rindan cuentas con claridad».

El documento defiende además que la transparencia debe dejar de limitarse a publicar información para convertirse en una auténtica función operativa de las instituciones. Y propone una rendición de cuentas en varios niveles: legal, parlamentario, de control, reputacional y tecnológico. Todo ello, sostiene, sirve para reforzar la legitimidad de organismos independientes y aumentar la confianza de los ciudadanos.

El problema para el Banco de España es que esta defensa de los controles llega mientras se está modificando precisamente el reparto del poder sobre uno de los ámbitos más sensibles del sistema financiero español.

Economía levanta su nueva autoridad

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de julio, en primera vuelta, el anteproyecto que crea la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI). La nueva institución concentrará las competencias que actualmente se encuentran repartidas entre el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) y la Secretaría de la propia Comisión.

Dicho de otra manera, la nueva autoridad elimina el filtro externo y se encargará, desde Economía, de ser quien gestione cualquier petición y movimiento de información, con lo que el Gobierno evitará sorpresas como las vistas en las investigaciones sobre los rescates de la SEPI.

La operación supone transformar completamente el FROB. El organismo que nació para gestionar las crisis y rescates bancarios servirá ahora de estructura sobre la que construir la nueva autoridad antiblanqueo. ANIFI asumirá las funciones de inteligencia financiera, supervisión e inspección, potestad sancionadora y aplicación de sanciones financieras internacionales. También será el interlocutor único de España ante la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo.

El Sepblac nunca ha pertenecido jurídicamente al banco central. Depende orgánica y funcionalmente de la Comisión de Prevención del Blanqueo, vinculada a Economía. Pero el Banco de España ha mantenido históricamente una participación material muy relevante en su funcionamiento y en la supervisión antiblanqueo del sector bancario.

La vinculación llega hasta el funcionamiento cotidiano. Una convocatoria publicada este mismo año por la Agencia Tributaria para cubrir puestos de su Unidad de Apoyo al Sepblac exigía experiencia en elaboración de informes de inteligencia financiera y recogía expresamente entre las herramientas de trabajo el «manejo de la red corporativa del Banco de España».

El Sepblac tampoco realiza una tarea menor. Es la Unidad de Inteligencia Financiera de España. Analiza la información que recibe de bancos y otros sujetos obligados y, cuando aprecia indicios de blanqueo o financiación del terrorismo, remite los correspondientes informes de inteligencia financiera a Fiscalía o a las autoridades judiciales, policiales o administrativas competentes. Así lo recuerda un convenio publicado en el BOE hace apenas dos semanas.

La reforma de Cuerpo cambia ese modelo. ANIFI concentrará las funciones que ahora desempeñan Sepblac y la Secretaría de la Comisión y se construirá utilizando la estructura y los medios operativos del FROB. El Ejecutivo presenta el nuevo organismo como una «autoridad administrativa independiente», aunque su nacimiento procede de una reorganización impulsada directamente desde Economía. Es lo contrario a independencia.

Más poder financiero en Economía

La reorganización tiene además otra cara. Mientras el FROB se transforma, sus antiguas competencias de resolución bancaria pasarán al Banco de España en el caso de las entidades de crédito y a la CNMV para las empresas de servicios de inversión. El Gobierno justifica esta decisión por la necesidad de simplificar el modelo y asegura que se mantendrá la separación entre supervisión y resolución.

El movimiento coincide además con la renovación de la dirección del FROB. El Gobierno cesó a finales de julio a Álvaro López Barceló y nombró presidenta a Carla María Díaz Álvarez de Toledo, hasta entonces directora general del Tesoro y Política Financiera. El nombramiento se realizó a propuesta del propio Carlos Cuerpo.

Es en este contexto en el que el Banco de España publica ahora un estudio dedicado a reivindicar controles, transparencia y rendición de cuentas. El trabajo insiste en que cuanto mayor es la independencia concedida a bancos centrales y supervisores, mayor debe ser también su obligación de explicar cómo ejercen ese poder.