La crisis de BPA hunde a Andorra como plaza financiera internacional

La intervención del Banca Privada d’Andorra (BPA) por presunto lavado de dinero ha generado un terremoto en Andorra que está provocando la huida de los ahorradores, poniendo a la que hasta ahora era una de las principales plazas financieras internacional al borde del abismo. La puntilla la ha dado la juez instructora del caso, que ha acabado con uno de los principales activos de la banca del país: las cuentas numeradas.

La existencia de este tipo de cuentas, en las que no se conoce la identidad del propietario de los fondos, garantizaba la confidencialidad pero tras la decisión judicial todas las cuentas numeradas de BPA han sido desencriptadas y la lista de clientes ya podría incluso estar fuera de los registros del banco. Así lo confirman fuentes financieras consultadas por Okdiario.

Los clientes afectados por el estallido de la crisis de BPA, y que no han cometido ningún tipo de delito, no sólo tienen las cuentas congeladas, sino que además se ha violado su privacidad. El movimiento de dinero está bloqueado desde hace meses para evitar la fuga masiva que daría la puntilla a la entidad. El informe de la consultora PwC no acaba de terminarse a pesar de que hay un centenar de profesionales escudriñando las cuentas de BPA.

La entidad fue intervenida después de que el Departamento de Delitos Financieros del Tesoro de EEUU (FinCEN), remitiera al Gobierno de Andorra un informe demoledor sobre las presuntas actividades ilícitas de BPA, que era el tercer banco andorrano por volumen de activos bajo gestión (9.000 millones bajo gestión y 1.800 en balance), tras Andbank y Crèdit Andorrà y por delante de Banca Mora. La filial de BPA en España, el Banco Madrid, también fue intervenida.

Según confirman las fuentes consultadas, “la gestión de la crisis se está complicando cada vez más para sus ejecutores”, en referencia a la labor que ha realizado el Gobierno de Andorra y el Areb, un organismo similar al FROB español y que ha sido creado para poder cerrar la sangría generada tras la intervención.

El plan del Gobierno es traspasar a un nuevo “banco malo” los activos “problemáticos”, es decir, los afectados por los supuestos casos de blanqueo de capitales, dejando en el balance de BPA “los activos y pasivos legítimos” de la entidad financiera. El problema es que la empresa que tiene los derechos del software que usa el banco, la norteamericana IBM, no está dispuesta a seguir trabajando con BPA, lo que dificultará este traspaso de activos.

«Negligencia» del Gobierno del Principado

A todo ello se suma la nueva revisión de la calificación crediticia que hará la agencia Standard&Poor´s (S&P), después de que los accionistas mayoritarios del banco, la familia Cierco, hayan presentado una demanda contra el Gobierno de Andorra y el Instituto Nacional de Finanzas (Inaf) por los “enormes daños generados por las negligencias, omisiones y actuaciones” de la administración en la gestión de la crisis. La reclamación es de 365 millones de euros.

“La negligencia, abandono e inoperancia de la administración andorrana han ocasionado sustanciosas pérdidas económicas y quebranto en los activos del grupo bancario», señalan en su demanda. A juicio de los accionistas mayoritarios, existe una relación directa entre la actuación de la administración andorrana y «el daño patrimonial y sin punto de retorno ocasionado por el plan de resolución propuesto que supone la práctica liquidación de BPA.

El ex presidente de Andorra critica la intervención

El ex jefe del Gobierno de Andorra, Albert Pintat, también culpa a la administración de estar realizando una mala gestión. En una reciente entrevista al Diari d’andorra ha criticado la tardanza en cerrar el caso y el impacto que está teniendo sobre el sistema financiero. “Será muy difícil recuperar el daño que se ha hecho en la reputación de la plaza financiera andorrana”, ha indicado.

Las fuentes consultadas por Okdiario apuntan a que la tardanza de PwC en terminar su informe de auditoría responde precisamente a la “necesidad que tiene el Gobierno de justificar su actuación”. De momento no hay ningún informe que avale las supuestas irregularidades en las que se basó la intervención.  El coste de la auditoría alcanzará los 30 millones de euros, una cifra que equivale al 14% de los recursos propios del Grupo.