El Constitucional tumba el último recurso para evitar el derribo de la urbanización del primo del Rey

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 19/11/2025 12:14
  • Actualizado: 19/11/2025 12:26

El Tribunal Constitucional (TC) ha tumbado este miércoles los recursos de amparo de los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, en Cáceres, que buscaba evitar la demolición sentenciada por los tribunales de la Isla de Valdecañas, urbanización de lujo donde tiene chalet un primo del rey Felipe VI, Beltrán Gómez Acebo, y un hijo de Aznar, Alonso, entre otros. El Tribunal Supremo ha ordenado su demolición por estar construido en un espacio calificado como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).

El Constitucional ha repetido los argumentos que le llevaron a tumbar los recursos de amparo de la Junta de Extremadura, el 23 de septiembre, y el de las comunidades de propietarios de los chalets del complejo cacereño, el 7 de octubre.

El Supremo revocó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en la que se declaró la imposibilidad material de demoler los edificios ya construidos de la urbanización.

El TSJEx había acordado la conservación del hotel, 185 viviendas, un campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento, al tiempo que había señalado que el coste de demolición de todo lo edificado supondría 144,9 millones entre obras e indemnizaciones.

La conocida como Marbella extremeña es una isla artificial de 130 hectáreas levantada en el pantano de Valdecañas. Cuenta con 185 villas de lujo, un hotel de cuatro estrellas, un campo de golf, una playa artificial y un club náutico, entre otros servicios.

El proyecto inicial contemplaba el desarrollo de más de 550 viviendas de lujo; así como dos hoteles de 150 habitaciones, de ellos, uno está terminado y en funcionamiento, mientras que el otro se encuentra con parte de la estructura levantada.

Este desarrollo se empezó a construir en 2007, cuando el entonces presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, dio luz verde al proyecto tras recalificar los terrenos protegidos. Desde entonces, los promotores han tenido que enfrentarse a los ecologistas, que denunciaron que la construcción se erguía en una zona protegida.

La historia judicial de este complejo arranca en 2011. En relación con dicho complejo se dictaron dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el año 2011, en las que se anulaba la decisión aprobatoria del proyecto adoptada por la Junta de Extremadura y se ordenaba la reposición de los terrenos a la situación anterior a la aprobación del citado proyecto de construcción. Tal decisión fue confirmada por el Tribunal Supremo tres años más tarde.

En el año 2021 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura determinó el modo de ejecutar estas dos sentencias, ordenando la demolición de todo lo que se encontraba en fase de estructura o no terminado ni en funcionamiento, así como la conservación del hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones ya construidas.

Recurrida ante el Tribunal Supremo esa decisión, la sentencia 162/2022, de 9 de febrero, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo, estimó el recurso de casación. La sentencia del Tribunal Supremo considera que no concurren causas que justifiquen la imposibilidad de ejecución de las sentencias en sus propios
términos.