Las comunidades autónomas temen subir el IVA por su coste político

La idea de los expertos en financiación autonómica de que las comunidades puedan subir o bajar el IVA de manera colegiada, es decir, conjuntamente, está suscitando discrepancias entre autonomías y algunas como Madrid y Baleares no son partidarias de asumir el coste político de penalizar el consumo.

Según han informado a Efe fuentes del Comité Técnico Permanente de Evaluación, en el que están representadas todas las comunidades de régimen común salvo Cataluña, que hasta ahora no ha participado pero se podría incorporar tras el 21D, la propuesta de subir el IVA con un acuerdo unánime es «muy difícil» porque un recargo de este impuesto se puede pagar electoralmente.

En el comité, que se reunió por segunda vez este mes, el día 14, y no volverá a hacerlo hasta el 28 de diciembre, también se palpa la idea de que se «quiere ganar tiempo y marear la perdiz» a la espera de las elecciones catalanas y, por ello, «se están retrasando las discusiones sustantivas».

En el mismo sentido, otras fuentes del mismo órgano coinciden en que si el Gobierno no lidera este movimiento para tratar de ajustar la fiscalidad, «ninguna comunidad va sentirse predispuesta a subir el IVA, ni siquiera las que están gobernadas por el Partido Socialista y tienen niveles de renta bajos como Andalucía o Extremadura».

Insisten en que es el Gobierno el que tiene que capitanear una posible subida del IVA y no es viable que se plantee como una decisión individual de las regiones.

Y recuerdan que en este proceso, el Ejecutivo central tiene que dialogar con las comunidades ofreciendo un papel de liderazgo y «hacerles partícipes de esa corresponsabilidad fiscal» y, a lo mejor, llegar al acuerdo de que no es necesario subir este impuesto.

De hecho, comentan que el dinero «se puede sacar de otros sitios» y las comunidades reclaman, por ejemplo, mucha autonomía tributaria en el IRPF.

Algunas de las comunidades representadas en el comité técnico también expresan su malestar por el hecho de que el Gobierno, representado por la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro, no haya presentado aún una propuesta ni haya entrado a valorar las planteadas a finales de noviembre por las autonomías.

Estas fuentes insisten en la falta de avances, algo que han constatado en la última reunión del comité técnico, que se ha centrado en aspectos «muy técnicos» sobre modificación de impuestos.

Y, sin embargo, no se ha hablado de uno de los objetivos principales como es la suficiencia de las autonomías para abordar los servicios básicos.

Esta semana, desde la Comunidad Valenciana -la autonomía peor financiada- su presidente, Ximo Puig, ha reconocido que la negociación está siendo «complicada», pero ha advertido de que desde la Generalitat no van a admitir «bajo ningún concepto dilaciones, ni que no se hable de todo lo que hay que hablar».

Y aquí se ha referido a la compensación de la deuda histórica de la Comunidad Valenciana, provocada por la infrafinanciación.

En lo que sí parece hay acuerdo es en que las comunidades asuman tributos propios y fiscalidad ambiental.

Hasta ahora, el comité técnico ha valorado favorablemente que haya una ley marco que homogeneice esa regulación