La cogeneración considera «una sentencia de muerte» el ajuste de 250 millones propuesto por el Gobierno

• Alicia Bonilla
• Periodista especializada en Economía. Graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
• • 17/11/2025 12:39
  • Actualizado: 17/11/2025 12:41

La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) ha anunciado que considera «lesivo» el ajuste de 250 millones de euros propuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para el sector. Además, ha alertado de que este recorte y «la degradación estructural del marco retributivo de la cogeneración aboca al cierre en los próximos años», ya que es «equivalente a una sentencia de muerte» en el medio plazo.

La patronal también ha subrayado que este «nuevo volantazo» regulatorio del Gobierno «ha encendido todas las alarmas en la industria de la cogeneración», después de que la propuesta de orden que define la retribución del sector para el periodo 2026-2031 incluye ese recorte de más de 250 millones de euros anuales, un 25% menos de retribución regulada.

En concreto, el pasado 7 de noviembre, el Ministerio ya anunció la consulta pública de la propuesta de orden por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos para el periodo 2026-2031.

Por otro lado, Acogen lamenta que, «sin causa justificada», el gabinete dirigido por Sara Aagesen ha modificado los criterios de reconocimiento de costes que se venían aplicando desde 2014 y reducido los parámetros retributivos de la nueva metodología aprobada en 2024, degradando estructuralmente el marco establecido en la Ley 24/2013 y el Real Decreto 413/2014.

«Con esta modificación propuesta por el Ministerio, se llevaría a cabo un recorte severo de la retribución para 2026-2031 y una degeneración del marco en vigor que -de aprobarse- abocaría al cierre completo de la cogeneración en España en los próximos años», ha manifestado la asociación.

Para Acogen, esta revisión regulatoria llega «en un momento especialmente delicado», con una producción que ha caído ya un 50% en los últimos cinco años y 1.300 millones de euros de inversión bloqueados por el retraso de las subastas prometidas por el propio Ministerio.

Una propuesta «de ruina» según la cogeneración

Por tanto, se denuncia que el sector se encuentra ante «una propuesta de ruina, con nuevas caídas de facturación tras las más de 1.500 millones de euros ya sufridas, pérdida de empleo y repunte de precios para un sector castigado por años de parálisis regulatoria».

Acogen ha señalado que el cambio «más grave» en la revisión regulatoria afecta al reconocimiento de los costes de CO2, más de 500 millones de euros anuales que las cogeneraciones pagan al Ministerio por los derechos efectivamente adquiridos menos los asignados gratuitamente a sus industrias asociadas.

El nuevo criterio del Ministerio reduce los costes reconocidos e implica que todas las industrias deberán abonar ahora a las plantas de cogeneración costes de CO2 del calor suministrado, una hipótesis que Acogen ha calificado de «injusta» e «inviable» con un impacto directo superior a 250 millones de euros anuales.

Además, ha añadido que el Ministerio reconoce para 2026 sólo un incremento de un 1% anual en los costes de operación y mantenimiento (O&M) desde el año 2020, «cuando las cuentas auditadas en un reciente informe de PwC sobre los costes que ha registrado el sector acreditan que en seis años han subido en torno a un 50%, equivalentes a 11 euro/MWh, lo que supone otros 150 millones de euros no reconocidos», afirmo.

A ello, la asociación ha estimado que «se suma un posible error» en el cálculo del valor de ajuste de 2023, que Acogen cifra en 200 millones de euros aún pendientes de cobro, de los cuales el Ministerio habría detraído arbitrariamente unos 75 millones de euros al modificar el método de cálculo.

Acogen, que está ultimando unas alegaciones cuyo plazo vence el próximo 24 de noviembre, ha instado así al Ministerio a corregir la propuesta estructuralmente antes de su aprobación definitiva prevista para febrero de 2026, ya que ha advertido de que de aprobarse esta orden, «se destruiría una tecnología clave para la eficiencia y la competitividad industrial de España».