La CNMC inicia su propia investigación sobre el apagón con el sector privado en el punto de mira

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado que el llevará a cabo su propia investigación del apagón ocurrido el pasado 28 de abril tras colapsar el sistema eléctrico de la Península Ibérica. Además, aseguró que impondrá sanciones de hasta 60 millones de euros a los culpables, y que podrá aplicar la inhabilitación o pérdida de autorización administrativa a los mismos.

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha indicado que la Comisión ya está recopilando toda la información que considera necesaria con el fin de «reconstruir el evento con una precisión técnica suficiente».

En su intervención en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, Fernández explicó que ya se ha iniciado la tramitación de ese expediente informativo sobre el incidente, para lo que ya se han cursado requerimientos de datos y de información a las partes.

En este sentido, afirmó que si de la investigación se deducen infracciones graves o muy graves por parte de las eléctricas, abrirá expedientes sancionadores correspondientes que, según el régimen sancionador, podrían llegar hasta unas sanciones de 60 millones de euros.

Además, también garantizó que la CNMC cuenta con la posibilidad de adoptar acciones como la inhabilitación o la pérdida de autorización administrativa, así como medidas como la obligación de restituir o indemnizar perjuicios generales al sistema.

Asimismo, Fernández apuntó que el regulador redactará un informe con las conclusiones, recomendaciones, resultados y propuestas que considere oportunas, una vez que se examinen los hechos que llevaron al apagón eléctrico en la Península Ibérica.

La investigación de la CNMC

«Este documento que pensamos emitir podrá no limitarse al ámbito eléctrico. El incidente afectó gravemente a telecomunicaciones, trenes y otros servicios esenciales, que también son de nuestra competencia y por ello abordaremos la cuestión tomando en consideración también en lo que resulte procedente esta perspectiva multisectorial», añadió al respecto.

Fernández recalcó que la CNMC abordará esta investigación sobre la investigación a pesar de coincidir con la definición del próximo marco retributivo para el sector eléctrico y gasista, para el periodo 2026 a 2031.

«Este es un hito que afrontamos cada seis años, como pueden imaginar, de una enorme intensidad. Pese a la sobrecarga imprevista que supone el análisis de la investigación de este incidente y al hecho de que tenemos recursos humanos limitados, nuestro compromiso es cumplir ambos calendarios», aseguró.

Desde fuera culpan a Sánchez

Mientras la CNMC parece haber descartado que el Gobierno haya tenido responsabilidades respecto al apagón del 28 de abril, y busca demostrar la culpabilidad de las energéticas privadas, desde fuera tienen otra visión.

El Instituto Bruno Leoni, think tank italiano liberal, ha cargado contra la política energética de Pedro Sánchez: «El problema es que a España le han faltado las inversiones necesarias para apoyar el crecimiento de las fuentes renovables, que deberían ser apoyadas en parte por los propios productores y en parte por el operador de la red. Esto es principalmente consecuencia de un sistema de apoyo que ha descuidado los aspectos de seguridad, privilegiando el rápido crecimiento de la energía fotovoltaica y eólica y la contención de costes. Los operadores privados han respondido a los incentivos establecidos por la política. Pero los incentivos eran equivocados».

«¿Quién es el culpable del apagón en España y Portugal?», se pregunta el Instituto italiano. «Del neoliberalismo, por supuesto. Nadie lo ha dicho tan explícitamente, pero el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, estuvo cerca: convocó a todos los operadores del sector a una reunión acalorada, analizando con lupa a los operadores privatizados», añade.

«Es un torpe intento de delegar una responsabilidad que, en última instancia, sólo puede recaer en la política», responde el propio think tank. «Seamos claros: las causas específicas que llevaron al colapso de la red en España y Portugal aún no están claras, y llevará semanas (si no meses) formarse una idea completa. Sin embargo, es bastante evidente que el sistema eléctrico ibérico estaba operando en una condición vulnerable de la que había plena conciencia, tanto es así que Red Eléctrica de España había advertido del riesgo», indica.

«La responsabilidad de garantizar la adecuación del sistema recae en el operador de la red, Red Eléctrica de España: una entidad formalmente privada, pero sólo formalmente. Su principal accionista es el Estado (posee el 20%), está presidida por un miembro del Partido Socialista, está supervisada por el Ministerio de Transición Energética y está regulada por la Comisión Nacional de la Energía. No sabemos si Red Eléctrica cometió errores en la gestión del evento o subestimó los riesgos: pero ninguna de sus decisiones ni de sus reglas de enfrentamiento dependen del mercado, ya que pocas empresas están más vigiladas, reguladas y controladas por el Gobierno», señala el Instituto, que termina culpando a Sánchez por no invertir en redes y en seguridad del sistema.