Ciudadanos hace frente común con PSOE y Podemos para reformar la plusvalía municipal

Ciudadanos ha vuelto a hacer frente común con PSOE y Podemos en el Congreso de los Diputados, al lograr sacar adelante una iniciativa para obligar a los ayuntamientos a devolver las cantidades indebidamente cobradas a los vendedores de inmuebles por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal.

La Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso ha aprobado una iniciativa para reformar el citado tributo y ha contado con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT y Compromís, mientras que el Partido Popular ha votado en contra. El PNV, por su parte, ha decidido abstenerse.

Este impuesto, recaudado por los ayuntamientos y que grava la  teóric revalorización de los inmuebles, ha sido declarado inconstitucional en estos extremos por parte del Tribunal Constitucional, que anula de esta forma la Norma Foral de Guipúzcoa por un caso en Irún.

La iniciativa insta a modificar «de manera urgente» la regulación de este tributo y apoyar a las administraciones municipales para devolver las cantidades «indebidamente cobradas» en colaboración con la Agencia Tributaria, que deberá facilitar la información sobre las enajenaciones de inmuebles donde se hayan declarado minusvalías.

Asimismo, también recoge, por petición del PSOE, la exigencia de acordar una «reforma global» del impuesto con el objeto de que el cálculo de la cuota tributaria «refleje de un modo más fiel el verdadero incremento de valor de los terrenos».

En este sentido, el texto aprobado pide tener en cuenta el año en el que se estableció el valor catastral u otros indicadores que reflejen la evolución real del valor de los terrenos, sin que estos cambios se traduzcan «en una merma global de ingresos para los ayuntamientos».

Por último, la iniciativa busca establecer una colaboración con los ayuntamientos para atender las reclamaciones «del modo más eficaz posible», evitando la judicialización de los procedimientos, pues «una avalancha de casos podría acabar saturando los tribunales».