El Círculo de Empresarios carga contra la ley de paridad y se opone a establecer cuotas para las mujeres

El Círculo de Empresarios, que preside Manuel Pérez-Sala, y al que pertenecen como socios las principales compañías del país, no ve con buenos ojos el proyecto de ley de paridad aprobado por el Gobierno en vísperas de la celebración del 8 de marzo, el Día de la Mujer. «No nos gustan para nada las cuotas, ni mucho menos cercenar la libertad de las empresas para organizarse de acuerdo con sus intereses y de la manera más eficiente posible, como vienen haciendo hasta la fecha», aseguran fuentes de la institución consultadas por OKDIARIO.

De acuerdo con dichos medios, «la ley de paridad que se acaba de aprobar en el Congreso para garantizar la paridad, entre otros ámbitos, en los consejos de administración de las grandes empresas antes del 1 de julio de 2024 es, en principio, la transposición de una directiva que la Unión Europea ya había establecido para aplicar en 2026. Lo que hace el Gobierno, por tanto, es adelantar esa exigencia dos años». Para el Círculo, una de las claves de la nueva norma, que despierta sus reticencias, es que «obligue a las empresas y vaya más allá de meras recomendaciones. En general, estamos a favor del principio del mérito y en contra de las cuotas».

En los consejos de las empresas «deben estar quienes consideren las sociedades que pueden hacerlo mejor, independientemente de cuál sea su sexo. No nos parece bien establecer cuotas en el ámbito privado y mucho menos aún nos parece bien extenderlo más allá de las empresas cotizadas. Los propietarios de las empresas no cotizadas, y sobre todo los propietarios de las empresas familiares, deben tener libertad para elegir, sin restricciones, a sus administradores». La reacción del Círculo de Empresarios representa un rechazo en toda regla a uno de los argumentos esgrimidos con orgullo por la vicepresidenta Calviño a la hora de presentar la decisión del Consejo de Ministros. Precisamente, la ministra insistió en que la potencia de la nueva norma es haber pasado de una mera recomendación -como las que están recogidas en los códigos de buenas prácticas, de buen gobierno y de reputación corporativa- a la obligatoriedad.

Otras fuentes empresariales consultadas que prefieren no ser citadas nominalmente opinan que «lo importante es la igualdad de oportunidades». «La diversidad siempre es buena en las compañías, y es oportuno favorecer la capacitación y la incorporación al trabajo de las mujeres, igual que promover la conciliación, pero esto es algo muy diferente de las cuotas obligatorias, que como todo lo imperativo no es positivo para el mejor desarrollo de las compañías. Es más bien un obstáculo».

El Consejo de Ministros aprobó el martes pasado el anteproyecto de ley de paridad en los órganos directivos y de decisión, una ley que hará obligatorias las cuotas de género en el Gobierno y en las grandes empresas. Aprovechando las protestas por el 8M, Día de la Mujer, el Ejecutivo de PSOE y Podemos dio el visto bueno a una normativa para forzar la representación paritaria de mujeres y hombres en los centros de decisión pero, debido a las sensibilidades distintas en torno al feminismo en el seno del Gobierno, el presidente Sánchez vetó la presencia, durante la presentación de la norma, de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y encomendó esa responsabilidad a Nadia Calviño.

En vísperas del 8M, la señora Calviño aseguró que ley de paridad permitirá que España pase de las «recomendaciones» a «establecer obligaciones» que consoliden la igualdad de género en los ámbitos de decisión política y económica. La ley establece que las empresas del Ibex 35 tendrán que tener un 40% de representación en los consejos de administración, así como entre los cargos de alta dirección en 2024, y extiende esta obligación para el resto de las sociedades no cotizadas en 2026. En caso de empate entre varios candidatos durante un proceso de selección, se elegirá al del género menos representado en la dirección.

La ley deberá cumplirse también en las juntas de gobierno de los colegios profesionales y de los jurados que concedan premios o reconocimientos financiados con dinero público, así como en la Administración General del Estado y los órganos superiores y directivos de cada ministerio, incluidas secretarías de Estado, subsecretarías y direcciones generales. En el ámbito político, en lo relacionado con los partidos, serán obligatorias las candidaturas integradas por personas de uno y otro género ordenadas de forma alternativa en las elecciones al Congreso, Senado, Parlamento Europeo, asambleas autonómicas, municipios y consejos y cabildos insulares.